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BITECNOLOGÍA GLOBAL, BIOSEGURIDAD Y BIODIVERSIDAD archivo del portal de recursos para estudiantes |
Curso de Doctorado "Biotecnología, ética y sociedad"
Enrique Iáñez Pareja
Instituto de Biotecnología Universidad de Granada, España
2. Bioseguridad: racionalidades científicas confrontadas
3. Bioseguridad: intersección ciencia-sociedad
4. La bioseguridad como arma arrojadiza política y comercial: Reunión de Cartagena
5. Biodiversidad y biotecnología
6. La conexión biotecnología-biodiversidad en el Convenio de Biodiversidad
5. Biodiversidad y biotecnología
Los ecosistemas de nuestro planeta albergan una gran diversidad biológica que aún no ha sido evaluada. El número de especies descritas está en torno a 2 millones, pero se estima que quedan por descubrir como mínimo otros 50 millones.
La mayor parte de esta biodiversidad reside en los bosques tropicales. Se calcula que las selvas contienen la mitad o incluso las dos terceras partes de las plantas con flores de la Tierra. El valor de esta variedad para el futuro de la humanidad es incalculable. Sólo hace falta pensar en que los centros de biodiversidad han sido el origen de muchas plantas cultivadas y son una reserva genética de rasgos útiles que podrían ser incorporados en los futuros programas de mejora y en la búsqueda de nuevos fármacos y otros bienes. Muchos de los medicamentos que usamos proceden directa o indirectamente de fuentes biológicas. Se calcula que sólo se ha explorado el 1% de las plantas silvícolas como fuente potencial de fármacos.
La biotecnología está cambiando radicalmente el modo en que se buscan, descubren y desarrollan productos útiles, tanto agronómicos, como médicos e industriales, de ahí la nueva revalorización del uso sostenible de estos recursos vivos.
En esta revalorización confluyen distintos intereses que hay que armonizar: por un lado, los de los países poseedores de la mayor biodiversidad, que suelen ser naciones en vías de desarrollo, que como "propietarias", desean sacar provecho económico de sus riquezas naturales; y por otro lado, las empresas de los países industrializados, cada vez más conscientes de la necesidad de acceder a la biodiversidad como materia prima de sus avances comerciales ("bioprospección"). El problema es que mientras que las empresas ven protegidas sus invenciones mediante patentes y otras medidas, los países en desarrollo no han contado hasta ahora con mecanismos adecuados de compensación por el mantenimiento y diseminación de su biodiversidad. Ha habido casos recientes en los que se ha acusado a compañías multinacionales de practicar la "biopiratería", patentando productos o procesos a partir de material de países del Sur, que no han sido compensados. El peligro de esta dinámica es doble: que por un lado, las naciones en desarrollo respondan con políticas "proteccionistas" que restrinjan el acceso a sus recursos vivos por parte de los países ricos, y por otro, que la unilateralidad de la protección de las patentes dificulte los programas de investigación y desarrollo necesarios para el Tercer Mundo.
Ya hay ejemplos de "proteccionismo de recursos genéticos", por países (p.ej., la India y en Brasil) o por grupos de países: p ej., recientemente (marzo 1999) siete países surasiáticos (Bangladesh, Bhutan, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka) acordaron no pasar germoplasma vegetal (incluyendo maíz, trigo y arroz) a países distintos de su asociación.
Las posibilidades de patentes a partir de la biodiversidad se podrían ampliar aún más en detrimento de países del Sur: el mercado de productos "botánicos" o de herboristerías (con un valor global de $15.000 millones) está en plena ebullición, a la busca de nuevos productos y procesos resguardados bajo derechos de propiedad intelectual. Mediante técnicas como espectrografía de masas, HPLC y otras técnicas de extracción y caracterización de componentes, está en camino de estandarizar la obtención de muchos productos farmacéuticos o parafarmacéuticos, susceptibles de ser patentados. Debido a que este subsector biotecnológico depende mayoritariamente de plantas y otros organismos de países tropicales, las disputas sobre el reparto de beneficios con los países ricos en biodiversidad no haría sino acentuarse.
Por lo tanto, el reto va a ser domeñar la actual revolución de la ingeniería genética para ponerla al servicio de los pobres y del medio ambiente, concretamente, la protección de su biodiversidad, necesaria para todos. Esto ya comienza a ser técnicamente posible, mediante los marcadores de ADN, la genómica vegetal y ciertas aplicaciones de la transgénesis. Sin embargo este objetivo está en peligro, debido a problemas económicos de los países en desarrollo (menos inversión en investigación agrícola) y a la tendencia de las empresas biotecnológicas a proteger su germoplasma bajo patentes y otros derechos de propiedad intelectual (DPI). Recientes acuerdos internacionales sobre patentes, así como las conclusiones de la Ronda Uruguay del GATT que ha dado paso a la OMC (Organización Mundial de Comercio), han conducido a una considerable ampliación de los derechos de los propietarios de patentes, restringiendo los privilegios y exenciones de agricultores y mejoradores tradicionales (esto último quedó fijado en la revisión de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales, UPOV).
El dilema se puede describir de la siguiente manera: La iniciativa privada no invertirá en la nueva Biotecnología si sus productos y procesos no están protegidos por patentes u otros DPI, puesto que de lo contrario, no recuperarían las gigantescas sumas de dinero arriesgadas ni podrían hacer negocio. Pero por otro lado, los centros públicos tanto internacionales (por ejemplo, del CGIAR) como nacionales han sido en el pasado (y se espera que en el futuro) absolutamente esenciales para generar bienes públicos en los países en desarrollo. Si estos centros, por problemas financieros y por su difícil acceso al material protegido de la iniciativa privada, dejaran de ejercer adecuadamente su misión, se estaría creando una auténtica injusticia moral para las poblaciones más necesitadas del planeta. La situación es aún más hiriente si pensamos que estos centros son depositarios de la mayor parte del germoplasma, procedente de miles de experiencias "gratuitas" desarrolladas mayoritariamente por agricultores del Tercer Mundo, y que ese material ha estado disponible igualmente para las empresas. (El colmo de la desfachatez fue el reciente intento de una compañía australiana de patentar y exportar un linaje de garbanzo ligeramente modificado a partir de muestras de centros públicos). ¿Hay alguna manera de salir del peligroso atolladero?. Autoridades en la materia como Serageldin piensan que sí, si se logran rediseñar las relaciones entre las empresas privadas del Primer Mundo y la I+D pública dedicada al Tercer Mundo, y se reorientan ciertos dominios relativos a la propiedad industrial:
"Los bienes públicos deben estar disponibles para el público, y los bienes privados que están en camino de lograr bienes públicos deberían ser tratados de forma distinta a los bienes privados producidos por el sector privado en relación directa con el usuario final" (Serageldin, 1999, p. 389). Habría que establecer excepciones a la aplicación de los cánones de propiedad intelectual cuando el material correspondiente vaya a servir a los centros públicos como parte de sus programas de mejora que redundarán en bienes públicos para los países pobres. (Los países africanos y la OUA están actualmente buscando alguna alternativa al sistema de patentes vegetales de la UPOV, pero necesitan que se aclaren las relaciones entre el acuerdo TRIPs de propiedad intelectual de la OMC y la Convención de Biodiversidad; ver más abajo).
Hasta ahora ha habido algunos acuerdos bilaterales exitosos entre algunas multinacionales y ciertos países, que han permitido transferir tecnología que no va a competir en los mercados de esas empresas. Por ejemplo, la Monsanto ha llegado a acuerdos con los gobiernos de México y de Kenia para desarrollar plantas resistentes a virus. También hay ONGs filantrópicas que actúan como "intermediarios de buena voluntad" para permitir acuerdos semejantes (incluso Universidades como la de Rutgers y el Instituto Scripps han actuado como intermediarios entre las fuentes de biodiversidad y ciertas multinacionales). Sin embargo, hay que ir a un sistema más general que permita acuerdos y colaboraciones legalmente vinculantes para la transferencia de tecnología a estos países. Se precisan nuevos tipos de colaboración amplia con el sector privado, por los que se respeten los intereses propietarios y los mercados consolidados de las empresas, pero que estimulen la I+D pública agrobiotecnológica de los países en desarrollo. Esto conecta con el siguiente apartado.
6. La conexión biotecnología-biodiversidad en el Convenio de Biodiversidad
No es justo que pidamos a los países poseedores de la mayor biodiversidad (que suelen ser pobres) que la conserven (ahora que más falta nos hace a todos, pero sobre todo ahora que se necesita para los nuevos avances biotecnológicos), sin darles nada a cambio. La falta de recompensa a los esfuerzos de innovación agropecuaria y conservación de biodiversidad que desde hace generaciones vienen realizando los pequeños agricultores, especialmente de los países tropicales, están reclamando un nuevo sistema más equitativo. La lamentable ironía de la situación actual es que mientras se protegen mediante patentes las invenciones de los países ricos, no hay un mecanismo simétrico que premie de alguna forma a las comunidades y países que son el origen de la biodiversidad natural o doméstica de la que se beneficia principalmente el Norte desarrollado. La consecuencia de todo ello no puede ser más clara: seguiremos perdiendo la base biológica de nuestro sustento y profundizando la brecha Norte-Sur.
Es decir, como dice Emilio Muñoz (1998 b, p. 54), los recursos naturales genéticos adquieren valor económico y comercial estratégico y son el centro de una confluencia de intereses que confiere a la conservación de esos recursos una situación conflictiva entre los poseedores de esos recursos (generalmente países en desarrollo) y los usuarios de los mismos (investigadores y empresas del primer mundo).
En la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992) el Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) pretendió establecer las bases de un nuevo sistema más equitativo para el disfrute de dichos recursos. La idea consiste en conjugar el libre comercio de recursos genéticos, el intercambio de tecnologías y la justa compensación a los países donadores de germoplasma, lo que se espera redunde a su vez en desarrollo sostenible y preservación de los recursos vivos. El artículo 1 del CBD contiene los objetivos generales del Convenio: conservación de la diversidad biológica, uso sostenible de los recursos genéticos y reparto equitativo de los beneficios resultantes. Los redactores del Convenio pretenden la integración del libre comercio de los recursos genéticos (artículo 15) con el intercambio de tecnologías (artículo 16) y la compensación justa por el acceso a los recursos biológicos de otros (artículo 19). Se espera que en los próximos años, hacia el entorno del 2000, la Conferencia de las Partes llegue a un mecanismo consensuado que mejore el acceso a los recursos genéticos de los países tropicales, garantizándoles compensaciones justas.
Este acuerdo prometedor (si se desarrolla adecuadamente) ha sido ratificado por más de 170 países, pero no por los EE.UU., a pesar del apoyo inicial de la industria biotecnológica y de los ecologistas: aunque el presidente Cinton firmó el CBD en 1993, a última hora, las suspicacias contra la regulación internacional relativa a la bioseguridad y las dudas sobre la protección de patentes biotecnológicas, junto con la mayoría republicana en el Senado, hicieron que la prevista ratificación pasara al limbo (lo que da idea de por dónde van los tiros en la cooperación al desarrollo que últimamente despliega la superpotencia). Sin embargo...
(...) "el recurso al potencial genético como una palanca que actúa en el mercado mundial representa una poderosa atracción para los países en vías de desarrollo. Los científicos y las empresas de las sociedades avanzadas deben reconocer el valor de los recursos genéticos y de lo que éstos significan para los países en desarrollo. Con este reconocimiento, los científicos y la industria podrán superar una visión alicorta que les coloca en peligro de dejar pasar una oportunidad ganadora en una perspectiva global y estratégica de la investigación y el desarrollo tecnológico que persiga el futuro más solidario y prometedor respecto del medio ambiente" (E. Muñoz, 1998 b, p. 55).
Lo que hay que resolver pues es el marco que se crea para vincular equidad (compensaciones a los países en desarrollo) con acceso de los países ricos a los recursos de los países poseedores de esa biodiversidad. En resumidas cuentas, ¿cómo se paga a los países donantes de los recursos genéticos buscados por los países occidentales? A la espera de que se tome en serio la aplicación del CBD, podemos tomar nota de algunas experiencias e ideas sobre cómo repartir los beneficios de la biodiversidad de manera justa y equitativa:
En 1991 se firmó un acuerdo entre la Merck y el Instituto de Biodiversidad (InBio) de Costa Rica: éste se comprometía a suministrar a la empresa muestras de insectos, plantas y microorganismos para su programa de bioprospección farmacéutica; a cambio, la multinacional transfirió al InBio más de un millón de dólares, amén de un porcentaje (entre 0.25 y 3%) sobre los royalties de los productos desarrollados a partir de las muestras. (Es probable, de todos modos, que ese porcentaje no haya sido especialmente generoso para el bello país centroamericano, habida cuenta de que un proyecto de bioprospección en el estadounidense Parque Nacional Yellowstone previó participación en un 10%). Quizá más interesante aún, la Merck suministró asistencia técnica y formación para ayudar a Costa Rica a montar infraestructuras biotecnológicas, y el InBio se comprometió a dedicar 10% del pago en efectivo y 50% de las participaciones en royalties para financiar el fondo del sistema de Parques Nacionales del país. Lo novedoso del acuerdo, era pues, que su misión es la conservación del patrimonio natural de una nación riquísima en biodiversidad.
La Healing Forest Conservancy de Washington está desarrollando principios para que las empresas privadas compensen a los países que firmen acuerdos por el uso medicinal de su biodiversidad, independientemente de su origen.
Son interesantes las experiencias de colaboración directa entre empresas u organismos del mundo desarrollado y comunidades locales o grupos indígenas, ya que en principio se garantiza un retorno y gestión más inmediatos de sus beneficios a la población responsable y conocedora de los secretos de su propio patrimonio biológico.
Este es el caso de acuerdos entre Shaman Pharmaceuticals y tribus indígenas, con el aliciente de que la empresa retorna compensaciones independientemente de que se originen productos rentables a corto o medio plazo.
Los países del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) firmaron en 1993 un acuerdo de derechos de criadores de plantas en el que se considera igualmente la necesidad de que los beneficios reviertan directamente en las comunidades indígenas.
En Filipinas, un decreto presidencial de 1995 establece que la bioprospección de recursos en terrenos indígenas debe contar con el consentimiento previo de las comunidades, y que debe prever pago en forma de participación en royalties y retornos directos a las poblaciones locales.
En 1993 se firmó un acuerdo entre el Jardín Botánico de Nueva York y la Federación de tribus Awa de Ecuador que reconocía una serie de prerrogativas para esa etnia derivadas de la labor de recogida de muestras.
El Gobierno de EE.UU. a través de la NSF y los NIH ha patrocinado el ICBG (Grupo de Cooperación en Biodiversidad Internacional), con una red de proyectos piloto de bioprospección en varios lugares (Nigeria, Camerún, Latinoamérica). Los países anfitriones pueden obtener apoyos financieros para comunidades locales, inversión en investigación sobre enfermedades prevalentes, grandes porcentajes de royalties por productos desarrollados, y apoyo a centros de investigación.
No todo es positivo en algunas de estas experiencias que ligan la bioprospección con la conservación de la biodiversidad y las compensaciones por su uso. El citado acuerdo entre la Merck y el InBio daba derechos exclusivos de explotación a esa multinacional, impidiendo la entrada de otros participantes. Igualmente el Servicio de Parques Nacionales de EE.UU. parece estar por la idea de que pague todo aquel que quiera explorar sur recursos. Aunque es comprensible esta postura, especialmente en el caso de los países en desarrollo (en la medida que en ellos el obtener beneficios es uno de los pocos incentivos económicos que pueden tener para conservar sus zonas naturales), tal como se está desarrollando, a base de acuerdos exclusivos, va en contra del espíritu y la letra del Convenio de Biodiversidad de Río. La idea de esta cumbre no era fomentar acuerdos bilaterales que impidieran la entrada de otros agentes, sino el libre acceso a los recursos genéticos a cambio de justas compensaciones. Pero habría que proteger el trabajo sin intereses comerciales que tradicionalmente han desarrollado los científicos en las áreas naturales, trabajo que por lo demás sienta las bases para el conocimiento de la biodiversidad, sin el cual la ulterior explotación económica no podría avanzar.
Volviendo al núcleo del Convenio de Biodiversidad, su aplicación está encontrando problemas debido a su eventual colisión con el acuerdo TRIPs (aspectos comerciales de los derechos de propiedad intelectual) de la OMC (Organización Mundial de Comercio). Uno de los puntos de fricción emana de que el TRIPs no prevé que se requiera pedir consulta al país o comunidades locales de las que surgió la materia prima biológica de la que se deriva una patente, ni que se les compense por ello. Actualmente, los países desarrollados ya han incorporado dicho acuerdo, y algunos de los países en desarrollo (India, China, muchos de Latinoamérica) tienen el proceso muy adelantado. El resto tienen de margen hasta el año 2005, pero los países africanos son muy reticentes, y de hecho, en el seno de la Organización para la Unidad Africana (OUA) se está aludiendo al carácter "depredador" de este acuerdo, y están intentando que se les conceda otro régimen diferente (en el que la patente reconozca la "propiedad" y contribución de los pueblos indígenas). Esto nos remite a la idea de fondo de todo esto: ¿es ético que los países ricos disfruten de la protección a toda costa de las patentes, sin dar nada a cambio de que en algunas de ellas se haya partido de material del mundo en desarrollo, y apostando todo al juego del "libre" mercado, caiga quien caiga? ¿Es justo que se amenace con sanciones comerciales a países pobres que no quieran o puedan entrar en este juego, y que en cambio les estemos escatimando compensaciones por la salvaguardia en el pasado y el posible uso futuro de su biodiversidad, del que principalmente se beneficia el mundo rico?
Puede que la clave para salir del embrollo sea la flexibilidad en la aplicación de los acuerdos. No cabe duda que el TRIPs favorecerá más a los países dotados de una buena infraestructura comercial y de investigación, incluyendo a algunos grandes países del Sur capaces de jugar fuerte en los mercados globales, pero ahondará las diferencias con respecto a muchas naciones en desarrollo. El acuerdo TRIPs debería tener en cuenta las idiosincrasias de esos últimos países, reconociendo derechos a comunidades indígenas y evitando mayores disrupciones en sus sistemas socioeconómicos. Las empresas del Norte deberían llegar a acuerdos de explotación de biodiversidad con esos países que redundaran en un aumento de su sistema de I+D y en protección de biodiversidad, factores que contribuirían a su desarrollo y a una mayor participación en las transacciones globales. Puede que para países especialmente pobres se requiera igualmente una serie de exenciones en la aplicación de los derechos de patentes.
7. Más allá de la bioprospección
A pesar de algunos de los ejemplos de compensaciones por bioprospección citados arriba, y del clima de expectación creado alrededor de los artículos correspondientes del Convenio de Biodiversidad, no hay que caer en triunfalismos (Macilwain, 1998): según muchos expertos, las posibilidades de la bioprospección (y sus eventuales contrapartidas a países en vías de desarrollo) no tienen visos de que vayan a ser muy espectaculares a corto o medio plazo, y esto por varias razones:
1.- las empresas farmacéuticas están apostando fuerte por técnicas de química combinatoria, rastreando de modo automatizado miles de compuestos y variantes generados aleatoriamente, mientras que con suerte, hoy por hoy sólo una de cada 250.000 moléculas naturales encuentran salida a mercado. Las multinacionales Abbott y SmithKline Beecham han abandonado sus programas de búsqueda de productos naturales y se han centrado en el enfoque combinatorio.
2.- La base taxonómica para realizar búsquedas en fuentes naturales no está aún bien desarrollada, y las estrategias de rastreo de productos útiles siguen haciéndose de modo empírico. De todas formas, cabe la opción de buscar específicamente en plantas u otros organismos que las tradiciones de los pueblos indígenas vienen usando secularmente (algunos grandes jardines botánicos occidentales van en este sentido).
3.- Aunque se pueden idear estrategias mixtas de búsqueda de productos naturales sobre base taxonómica y síntesis química, muchas compañías no terminan de encontrarlas atractivas económicamente.
4.- Hay empresas que no están dispuestas a aceptar las condiciones para acuerdos que pretenden imponer algunos países proveedores de biodiversidad. Macilwain lo expresa de esta manera: "La brecha entre lo que el mundo desarrollado quiere de la biodiversidad y lo que el mundo en desarrollo piensa que debería ganar de ello, parece estar ampliándose".
5.- Muchos analistas conceden que hay futuro para la bioprospección genómica, pero para que esto rinda comercialmente, deberemos esperar varios lustros, a que se terminen proyectos genoma modelo, y empecemos a poder explotar la información de multitud de especies. De cualquier manera, las grandes multinacionales seguramente van a depender cada vez más de los datos electrónicos y menos de la bioprospección "de campo", lo que en principio no es una buena noticia para los países en desarrollo. Piénsese en empresas como TIGR, que ya secuencian decenas de microorganismos al año, y que guardan información suficiente para desarrollar multitud de productos en los próximos decenios sin depender de acuerdos con países del Sur. De cualquier manera, a medio plazo se acentuará la discusión sobre los derechos de propiedad intelectual: cuando la genómica funcional identifique genes útiles a partir de plantas cuyo origen reside en países del Tercer Mundo, ¿se va compartir con ellos los beneficios económicos?
Si lo que se pretende es llegar a un mayor aprovechamiento de la biodiversidad para que los países del sur avancen hacia un desarrollo sostenible, con o sin biotecnología, habría que hacer más cosas:
No hay que dar tanta importancia al pago de royalties por la bioprospección. Según algunos, esto, por sí solo no es suficiente para incentivar la conservación de la biodiversidad. Hay que cuidar la toma de medidas por parte de los países ricos en biodiversidad, para que puedan beneficiarse más:
Concretamente, estas naciones deberían poner en marcha programas de catalogación y manejo de la biodiversidad, colecciones botánicas, preparación de extractos y rastreo (screening) de productos naturales, y no esperar a tomar decisiones en función de los intereses de las entidades bioprospectoras.
Un área donde los países en desarrollo pueden participar sin grandes gastos es la catalogación electrónica: cualquier tipo de dato relevante (ecosistemas, diversidad de especies, usos de las mismas, conocimientos locales, etc.) puede integrarse en bases de datos relacionadas entre sí y vinculadas, vía Internet, con otras bases de datos repartidas por todo el mundo, lo que crea un caudal de conocimiento que de por sí tiene interés económico, independientemente de que luego pueda encontrarse alguna aplicación. Países como Costa Rica y México ya han emprendido decididos pasos en este sentido.
Igualmente, hay que evitar la tendencia de estos países a centrarse demasiado en la transferencia inmediata de tecnología avanzada, y que concedan más valor a la formación de técnicos y científicos, y al establecimiento de instituciones adecuadas capaces de gestionar sus recursos y encarar problemas locales. Este parece ser el enfoque de la colaboración para la bioprospección farmacéutica entre científicos de la Universidad de Utah y Panamá. En este caso, los beneficios inmediatos para el país centroamericano son el apoyo a su propio programa de investigación farmacéutica (centrado en enfermedades tropicales prevalentes en la nación) y la formación de personal cualificado.
Swanson, citado por Muñoz (1998 a, p. 32-34), propone algunas otras ideas de gran alcance:
a) Que los gobiernos favorezcan políticas de seguros basadas en la preservación de la biodiversidad usada por la biotecnología.
b) Modificación de las políticas que subvencionan los productos agrícolas, que conducen a la sobreexplotación.
c) Incentivación internacional para que los países pobres adopten vías de desarrollo que preserven sus recursos. En este sentido, se habla de establecer un fondo mundial para respaldar la continuidad de la gestión local de los recursos vegetales, como una manera de compensar por el histórico papel en la generación de biodiversidad cultivada.
Según Swanson, existen tres posibles modos de adoptar políticas que aumenten los beneficios de esos países cuando invierten en diversidad:
1.- acuerdos internacionales de tipo franquicia que supongan subsidios directos a los países comprometidos con usos sostenibles de sus recursos vivos.
2.- Reformas del sistema internacional para el comercio de la vida silvestre que fluye entre hábitats distintos.
3.- Incidiendo en algo ya expresado más arriba, se podría establecer un sistema internacional análogo al de propiedad intelectual, por el que se incentivara la biodiversidad
Según la FAO, el sistema de derechos de propiedad intelectual (DPI) debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a los objetivos de desarrollo, políticas y prioridades socioeconómicas de los distintos países, pero manteniendo al mismo tiempo la innovación y la aplicación de las nuevas biotecnologías. Los países en desarrollo que ya tengan economías más orientadas al mercado pueden estar más interesados en implantar un buen sistema de derechos de criadores de plantas (DCP), estimulando la inversión del sector privado y promoviendo la sana competencia y los vínculos entre el sector público y el privado. Los países del Tercer Mundo deben tener cuidado de que el sistema de DPI no restrinja el acceso ni el uso de los recursos genéticos, ni inhiba la promoción de la I+D, ni dañe el entramado socioeconómico.
Aunque ahora no obtengan allí muchos beneficios, las multinacionales deberían cuidar lo que pueden ser mercados estratégicos emergentes en un futuro. Algunas compañías multinacionales han iniciado programas de apoyo al Tercer Mundo.
Monsanto está transfiriendo tecnología a Costa Rica (mejora de bananas, piña, café y palmas) y México (patatas).
Pioneer Hi-Bred trabaja en colaboración con empresas de varios países para mejorar variedades locales de maíz, sorgo y girasol, y posee instalaciones de producción de semillas en varios países en desarrollo.
El Servicio Internacional para la adquisición de Aplicaciones Biotecnológicas (ISAAA) está financiado, aparte del 60% recibido por entidades filantrópicas, y del 30% de agencias bilaterales, por un 10% de empresas biotecnológicas: Novartis, Agrevo, Pioneer y Monsanto.
En resumen: Aún queda casi todo por hacer, comenzando por establecer un sistema legal efectivo de ámbito internacional. En él habrá de responderse a importantes cuestiones prácticas: cómo compensar (condonaciones de deudas, participación en royalties, ayudas monetarias y financieras), a quién compensar (al país, a la región, a las comunidades indígenas, etc.). No menos importante es el tema de la transferencia tecnológica y la potenciación de la investigación y desarrollo de los países más pobres. ¿Será posible adaptar la sofisticada biotecnología occidental al servicio de las múltiples necesidades y contextos ecológicos y culturales de las comunidades en vías de desarrollo? En este sentido no se puede olvidar que cada comunidad es depositaria de una secular sabiduría y modo de vida de la que hay que partir, para aprovechar todo su potencial, de modo que sean las modernas técnicas las que se amolden a las condiciones locales, y no al revés.
Pero en última instancia, de lo que se trata es de algo más que simple cambio de "deuda por conservación" o "deuda por investigación"; ello constituiría un magro pago (para lavar la mala conciencia occidental) a las naciones que poseen la mayor parte de la biodiversidad. Se trataría más bien de crear nuevas relaciones (no meros contratos) en las que los países en desarrollo participen equitativamente en todos los programas biotecnológicos centrados en la biodiversidad, y en los que se asegure un disfrute sostenible de los recursos. Es decir, la clave estriba en la participación en el proceso, y no sólo en compartir algunos beneficios. Ejemplos de algunas de estas formas de participación más equitativa:
Creación de instalaciones en los países suministradores de germoplasma para la recolección, caracterización, extracción y rastreo de biodiversidad potencialmente útil.
Participación de científicos y técnicos locales en todas las fases del desarrollo de proyectos genoma.
Fundación y financiación de centros internacionales de excelencia en los países preservadores de biodiversidad, dedicados a la producción de riqueza y bienestar mediante las aplicaciones biotecnológicas adaptadas a las necesidades locales.
La biotecnología puede ser una de las piezas en el complejo engranaje, aún por diseñar, de una sociedad ecológicamente sostenible. Pero el modo de pensamiento económico dominante puede ahogar los buenos augurios. Porque dicho pensamiento, convertido en una especie de dogma secular, no tiende a considerar la posibilidad de que los países ricos disminuyan su consumo de energía y de materias primas, o de que existan buenos motivos éticos para hacerlo. Federico Mayor, director general de la UNESCO lo ha expresado claramente: "A menos que distingamos entre desarrollo y crecimiento económico, perderemos el camino hacia el desarrollo sostenible". Las pretensiones de crecimiento de la economía actual están abocadas a provocar el colapso ambiental y social. La biosfera no podría sencillamente sustentar un consumo de materias primas y energía de fuentes tradicionales para todo el mundo al nivel actual de los países ricos. La conclusión es que si queremos estrechar el abismo entre países opulentos y países sumidos en la miseria, y garantizar los derechos de las futuras generaciones a un planeta habitable, la escala de la actividad económica de los ricos debe disminuir para permitir la subida de los países del Sur: necesitamos un paradigma económico no centrado en el crecimiento, sino en el desarrollo para todos de las necesidades y potencialidades humanas más profundas.
BIBLIOGRAFÍA
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AGRADECIMIENTOS DEL AUTOR
Quiero expresar mi agradecimiento al Prof. José Olivares (Estación Experimental del Zaidín, CSIC, Granada, España) por su continuo apoyo y amistad, y al Prof. Rafael Aramendis (Programa Nacional de Biotecnología de Colombia- Colciencias, Santa Fe de Bogotá) por sus comentarios y aportación de material bibliográfico.
Última actualización: jueves 24 de mayo de 2001
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Instituto de Biotecnología, Universidad de Granada, España