24 de marzo de 1976
 

El 24 de marzo de 1976 la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, integrada por el general Jorge Videla, el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, derrocó a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón y asumió el gobierno del país.juntamilitar

En el libro “Historia: la Argentina del Siglo XX”, los autores sostienen que “sobre la base de los principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional, a partir de 1976 en Argentina la violencia del Estado avanzó hasta el punto de transformarse en Terrorismo de Estado”.

En un Estado de derecho, los ciudadanos delegan en el Estado el monopolio de la fuerza pública para que garantice la vigencia de sus derechos individuales. Cuando la fuerza y las armas que la ciudadanía delegó –y que sostiene con el pago de sus impuestos– se vuelven en contra de los ciudadanos, se habla de Estado terrorista.

Cuando desde el Estado, de forma sistemática y planificada, se tortura y se atenta contra la vida y la integridad de las personas, se estimula un clima de miedo, de inseguridad y de incertidumbre, se limita al Poder Judicial, se elimina al Congreso, se promueve el enfrentamiento entre conciudadanos, se oculta información a la población y se confunde deliberadamente a la opinión pública, el Estado se ha vuelto terrorista. Como síntesis, y según los autores antes mencionados, “el terrorismo de Estado comienza cuando el Estado utiliza sus Fuerzas Armadas contra los ciudadanos y –controlando la totalidad de las instituciones que dependen del Gobierno– los despoja de todos sus derechos fundamentales y también de la vida” .

La estrategia represiva aplicada por el Estado terrorista implicó la necesidad de cambiar la normativa legal y desarrollar un plan clandestino de represión donde se neutralizara y exterminara físicamente a los opositores.

El 24 de Marzo se instaura en Argentina un sistema nacional de represión que implicó el secuestro, el asesinato, la tortura, el encierro por razones políticas y el exilio de miles de personas, el cual fue mucho más allá de lo que puede considerarse delictivo para alcanzar la categoría de crimen de lesa humanidad. Con la metodología de la desaparición y sus consecuencias, todos los principios éticos fueron pisoteados y bárbaramente desconocidos. El Estado impuso su poderío e impunidad sobre toda la sociedad aludiendo a la “lucha contra la subversión” para justificarlo. El discurso de la guerra sirvió para legitimar los actos más aberrantes, violando la Constitución Nacional y las garantías en ella establecidas que jamás pueden suspenderse, ni aún en los más graves estados de emergencia: el derecho a la vida, a la integridad personal, a la identidad, al debido proceso, a no sufrir condiciones inhumanas de detención, ni tratos crueles.

La práctica de esta metodología de aniquilamiento físico y psicológico, puesta en marcha por las Fuerzas Armadas, implicó la represión orgánica, sistemática y estatal  a lo largo de todo el territorio argentino. Esta metodología del terror planificado no fue producto de excesos individuales ni fue llevado a cabo por sádicos aislados, sino por un régimen de Estado. Los operativos de secuestro, mediante procedimientos ostensibles de las fuerzas de seguridad que ordenaban zona libre a las comisarías correspondientes, la tortura aplicada a toda una ciudad como en el caso de Famaillá, Tucumán, la desaparición de miles de personas cuya existencia se esfumaba dejando de tener presencia civil, dan cuenta de la precisa organización de la represión de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

La figura del “detenido-desaparecido” simboliza toda la barbarie del régimen represivo. Al momento del secuestro la víctima perdía sus derechos y era privada de toda comunicación con el mundo exterior. Confinada en lugares desconocidos e ignorando su destino era sometida a suplicios infernales. La desaparición como metodología aqueja, aún hoy, a una sociedad que fue reprimida, abusada y violada en sus derechos más esenciales, como el derecho a la vida. Aquellos que no olvidan claman por VERDAD y JUSTICIA para que los nombres de los desaparecidos vuelvan a salir de los pozos del horror y se castigue a los responsables.

extraido de: Recuerdo, reflexión y aprendizaje

documento elaborado por la
SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

derechoshumanos@buenosaires.gov.ar

 

La CONADEP - El juicio a las juntas

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