Millones de palestinos de la diáspora que reclaman su derecho al retorno viven aún en campos de refugiados, particularmente en Líbano, donde a pesar de ciertas mejoras recientes, se ven inmersos en las luchas de facciones políticas y sus condiciones de vida siguen siendo muy precarias.
El atentado que mató a Mahmud Al-Majzub, un dirigente de la yihad islámica palestina, y a su hermano, el 27 de mayo en Saida, capital del sur del Líbano, reavivó el proceso de desestabilización que sufre actualmente Líbano. A ello se agregó que al día siguiente el ejército israelí efectuó bombardeos sin precedentes desde su retiro del país, el 25 de mayo de 2000, sobre la banda fronteriza, en Bekaa y cerca de Beirut, en respuesta al tiro de cohetes imputado a Hezbollah y al Frente Popular de Liberación de Palestina-Comando General (FPLP-CG) de Ahmed Jibril; se reactivó así el debate en torno al desarme de Hezbollah y de los palestinos. Olvidados de la historia y en las negociaciones, los palestinos, la mayor parte de los cuales vive en campos de refugiados, se ven nuevamente impulsados al frente de la escena política, donde tratan de hacer valer su derecho al retorno, al que nunca renunciaron.
“Generalmente, la prensa nacional e internacional presenta a los campos de refugiados, y particularmente a Ain Helue (1), como zonas de no-derecho que albergan a criminales y extremistas islamistas –se enerva Khadda, una de sus habitantes–. Pero el campo somos nosotros: más de cuarenta y cinco mil personas, apegadas a su identidad y a su historia; y no algunos incontrolables, a lo sumo doscientos, que son también producto de una precarización y de una situación política sin salida”. Khadda es la primera en temer las tensiones y los conflictos armados que minan ese campo, el más grande del Líbano, ubicado en las inmediaciones de Saida. De hecho, terminó por instalarse afuera, poniendo en peligro el equilibrio familiar, ya que su marido, que tiene un pequeño comercio, sigue allí y sus hijos vuelven sistemáticamente al campo todos los fines de semana. Pero más que de las escaramuzas, Khadda está cansada sobre todo del ahogo de Ain Helue, de la miseria que se muestra ostensiblemente en sus callejuelas estrechas e insalubres y de las casas hechas pedazos, que sirven de terreno propicio para la islamización.
La invasión israelí de 1982 y la partida forzada de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y de sus combatientes marcaron un giro. En efecto, la Organización daba trabajo a cerca del 65% de los palestinos y garantizaba el financiamiento de estructuras sanitarias y educativas, que estaban también abiertas a la población libanesa desamparada. Además, los palestinos del Líbano experimentaron el sentimiento de ser los “olvidados” en los Acuerdos de Oslo de 1993, ya que la OLP concentró sus esfuerzos diplomáticos en Cisjordania y Gaza. Por último, los fondos de los países donantes fueron hacia esos territorios, y los presupuestos que la Agencia de la ONU para la Atención de los Refugiados Palestinos (UNWRA) (2), las agencias de Naciones Unidas y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) internacionales dedicaban a Líbano se redujeron drásticamente, los campos resultaron afectados directamente por la guerra y las dificultades económicas se tornaron espacios de repliegue.
Las organizaciones islámicas, principalmente la Yihad Islámica y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), se dirigieron hacia las capas más pobres de la población brindándoles una asistencia material de la que carecían totalmente. Hamas canalizó la cólera generada en diciembre de 1992 por la deportación hacia el sur del Líbano de 415 palestinos cercanos a la organización, y luego por la política de “asesinatos extrajudiciales”, en particular el del sheik Yassine en marzo de 2004 y el de Abdelaziz Al-Rantissi el mes siguiente, cuyos retratos están en todas partes. Su victoria en las elecciones legislativas palestinas de enero de 2006 también reforzó al Movimiento en Líbano.
Um Fadi, cercana al Frente Popular, aunque sorprendida “como todo el mundo”, se alegró del resultado y de lo que significaba en tanto decisión “contra la corrupción y para la reivindicación de los derechos palestinos, entre los cuales estaba al derecho al retorno”. Como muchos otros, ella ya no reconoce a Ain Helue, donde nacieron sus hijos en una época en que los campos eran el símbolo de la actividad política y de la construcción de una sociedad palestina en el exilio: “Hoy la población es rehén de las facciones políticas que ajustan allí sus cuentas. Hay regularmente muertes y la gente tiene miedo, pero no quieren irse porque el campo es un espacio colectivo que siempre simboliza la esperanza del retorno y de la lucha por nuestros derechos”. El 1º de mayo un miembro de Fatah fue asesinado por un islamista de Usbat al-Ansar (Liga de los campesinos, un grupo salafista sospechado de mantener vínculos con Al-Qaeda) (3), muerte que se agregó a una ya larga lista. Estos enfrentamientos son tanto de orden político como penal, superan con frecuencia los desafíos internos, se inscriben en una estrategia de tensión –manipulada por diferentes servicios secretos– y siembran confusión, ya que Ain Helue sigue siendo el símbolo del campo político donde todos los partidos palestinos se sienten como en casa, una verdadera capital de los palestinos en el exilio.
Armas y derechos políticos y sociales
“La situación es delicada”, dice sobriamente Abu Ali Hassan, ex dirigente de Ain Helue que ahora cumple funciones en Mar Elias, el pequeño campo mayoritariamente cristiano de Beirut, donde es el responsable de las relaciones con los partidos políticos libaneses: “El desarme de las organizaciones palestinas, que exige la resolución 1559, firmada en septiembre de 2004, a propuesta de Francia y Estados Unidos, constituye uno de los temas de la vida política libanesa (4). El gobierno de unión nacional de Beirut formó un comité encargado de negociar el desarme de las bases instaladas fuera de los campos, y la reglamentación del uso de armas dentro de los mismos. Trabajamos en la creación de una delegación unificada y con el objetivo de que este asunto no sea tratado desde un punto de vista únicamente securitario, sino para que los resultados hagan avanzar nuestros derechos políticos y mejoren la situación humanitaria en los campos”.
La reapertura, el 16 de mayo de 2006, de la representación de la OLP en Jnah, en la periferia sur de Beirut, representa para Hassan, un signo político fuerte. “El gobierno no quiere emplear la fuerza en esta cuestión, pero lo que plantea problemas es sobre todo la presencia armada palestina en una docena de bases dispersas en la llanura de Bekaa y en la localidad costera de Nahme, 15 km al sur de Beirut”.
En este contexto turbio, las declaraciones de Mahmud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, durante su visita a París, en octubre de 2005, fueron mal recibidas cuando dijo que los palestinos que viven en Líbano debían “someterse a la ley” y que estaban allí como “invitados”.
Los diarios libaneses informan regularmente acerca de infiltraciones de militantes palestinos de Siria en la llanura oriental de Bekaa, que han llevado al ejército libanés a cerrar unos cuarenta pasos ilegales entre ambos países y a apretar más sus tenazas en torno a las posiciones palestinas relacionadas con organizaciones pro sirias con base en Damasco, como el FPLP-CG, el Fatah-Intifada (una escisión del Fatah, conducida por Abu Mussa) y Al-Saika (el ala palestina del partido Baas, que está en el poder en Siria).
“Por el hecho de haber conducido la resistencia armada contra Israel, porque seguimos activos e influyentes, somos vistos como un obstáculo para la paz”, comenta Nabil, dirigente del comité popular del campo de Baddaui, al pie de Trípoli, en el norte. Con sus casas menos encajonadas, su servicios de vialidad y limpieza y las canalizaciones de agua rehechas, Baddaui, más alejado de la zona de conflicto, puede parecer apacible pero, para Nabil, la guerra sigue siendo una amenaza: “Los aviones israelíes siguen sobrevolando regularmente el Líbano, del sur al norte y del norte al sur, con toda impunidad” y además, “Sabra y Chatila seguirá por siempre en nuestra memoria; porque allí fuimos masacrados bajo la protección de la fuerza internacional. Las armas están en los campos para garantizar nuestra propia protección” (5).
Pero la cuestión de las armas sirve sobre todo de pantalla para las condiciones de vida y de relegación de los palestinos. Según la UNRWA, los refugiados palestinos en Líbano eran, en marzo de 2006, unos 404.000, de los cuales 220.000 residen en la docena de campos distribuidos en el país. En Beirut: Mar Elias, Borj El Barajneh, Sabra y Chatila, Dbaye. En el sur, cerca de Saida: Ain Helue y Mye Mye; y cerca de Tyr: El Buss, Rashidye, Borj El Chemalhe; en Trípoli, en el norte: Nar El Bared y Baddaui; y en Bekaa, Waweel. Hay que agregar a esta lista los “asentamientos”, es decir, pequeños campos-guetos ilegales, no reconocidos por la UNRWA y que no gozan de su asistencia. El ejército libanés mantiene su presión en torno a los campos, en particular en los cuatro del sur, que albergan a unos cien mil refugiados y donde la entrada y salida está controlada y sometida a la obtención de permisos. Fatah sigue siendo la organización más poderosa, pero en los campos de Beirut, en los del norte del Líbano y en la Bekaa, los prosirios mantienen una importancia significativa, al mismo tiempo que en todas partes es notable el refuerzo de las organizaciones islamitas lo que, según los observadores, coloca a Fatah y Hamas en el mismo nivel.
Según la UNRWA, el 60% de los refugiados palestinos vive por debajo de la línea de pobreza y su tasa de desempleo alcanzaría el 70%. Hasta hoy les es imposible ejercer unos 72 oficios fuera de los campos, tienen prohibido introducir en ellos materiales que puedan servir para la construcción; tampoco pueden salir del territorio libanés o volver sin una visa cuya vigencia dura como máximo seis meses.
Trad Hamadé, ministro libanés de Trabajo, cercano a Hezbollah, firmó en junio de 2005 un memorándum a favor de los palestinos nacidos en el territorio libanés e inscriptos en los registros del Ministerio del Interior, que deja parcialmente sin efecto la prohibición para practicar un oficio. Pero no alcanza a los palestinos con diplomas universitarios, que seguirán sin poder ejercer la medicina, el derecho, la arquitectura, etc. Ni una palabra en cambio sobre la reforma jurídica de 2001 que prohibió a los palestinos comprar casas y bienes inmobiliarios en Líbano, lo que produjo verdaderos enredos legales, en especial referidos a la herencia.
Samira Salah es directora del departamento de Asuntos de los Refugiados Palestinos de la OLP y coordinadora de la campaña por los derechos de los refugiados palestinos en Líbano y por el derecho al retorno, previsto en la resolución 194 de la Asamblea General de la ONU. Para ella, las disposiciones del ministro de Trabajo representan un progreso, pero en concreto, no cambian nada: “ya en 1995 se hicieron propuestas que establecían que un palestino nacido en Líbano tenía derecho a trabajar, siempre que tuviera un permiso de trabajo; pero ese permiso sigue siendo casi imposible de obtener, y la propuesta del ministro no incluye el acceso a la seguridad social y a los seguros”. Esta campaña fue implementada a comienzos de abril de 2005 por un colectivo que agrupa a 25 asociaciones palestinas, al Consejo Nacional Palestino, el departamento de Asuntos de los Refugiados de la OLP, y miembros de la “sociedad civil” palestina. Se organizaron talleres de reflexión y de formación en el seno de la sociedad palestina; Salah quiere lograr el apoyo de la población libanesa con el fin de crear un amplio movimiento de presión política. Con la consigna “Derechos cívicos hasta el derecho al retorno, resistimos junto a los libaneses la implantación y la naturalización de los refugiados”, la campaña comprende cuatro reivindicaciones principales: el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad, el derecho de asociación y el derecho a la seguridad. Estas reivindicaciones no son nuevas, pero hasta el día de hoy nunca han tenido respuesta.
Arrojados al exilio por cientos de miles durante la creación del Estado de Israel, los refugiados son unos 4 millones, o sea cerca del 60% de la comunidad palestina, y el 90% de ellos vive en los territorios palestinos y los países árabes limítrofes. Los palestinos del Líbano (6) cristalizan los desafíos políticos más exacerbados, tanto a escala libanesa como regional. Nos recuerdan que la evolución del conflicto árabe-israelí está ligada también a la solución del problema de los refugiados.
1 Isabelle Dellerva, “Les camps palestiniens au Liban, zones de non-droit”, Libération, París, 18-5-06.
2 Esta oficina de Naciones Unidas, de socorro y de trabajos de infraestructura para los refugiados de Palestina en Medio Oriente, fue creada especialmente en mayo de 1950 para brindar los servicios básicos a los refugiados palestinos (en Cisjordania, Jordania, la Franja de Gaza, Siria y Líbano).
3 Para más información, véase Bernard Rougier, Le Jihad au quotidien, PUF, París, 2004. Véase también la entrevista de Claire Moucharafieh en Pour la Palestine, Nº 43, París, 3-11-04.
4 Alain Gresh, “El viejo Líbano se resiste al cambio”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, junio de 2005.
5 Precisemos que se trata de armas ligeras y medianas, ya que todo el armamento pesado fue entregado en 1989 a las autoridades libanesas.
6 Véase también el notable estudio de Mohamed Kamel Doraï, Les réfugiés palestiniens du Liban, une géographie de l’exil, CNRS Éditions, París, 2006.
Edición Número 87, julio de 2006