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Paralelamente, la exitosa resistencia al modelo creó una nueva relación de fuerzas, en particular en Sudamérica, que llevó a primer plano la cuestión de la integración regional –con dos proyectos en disputa, ante la que numerosos movimientos encuentran dificultades a la hora de fijar posición. Parece evidente que EE.UU. no juega solo en una Sudamérica que ya no puede ser considerada su ‘patio trasero’ y que se consolida un cierto multilateralismo impulsado entre otros por la activa presencia de un país como Brasil, que viene exhibiendo capacidad de ejercer un peso determinante en la Región. Por último, aparece un tema nuevo y complejo que ha generado conflictos y divisiones: las relaciones gobiernos-movimientos en aquellos países dirigidos por fuerzas progresistas y de izquierda. Los movimientos sociales no siempre supieron advertir la profundidad de los cambios en marcha y ubicarse ante escenarios mucho más complejos y contradictorios que no admiten lecturas simplistas, como bien observa Raúl Zibechi después del análisis mencionado. Los cambios registrados suponen desafíos no sólo políticos sino también teóricos, para poder dar cuenta de las nuevas situaciones. Uno de ellos sería la relación que mantendrán con gobiernos de signo popular surgidos de los propios movimientos o de coyunturas creadas por ellos, teniendo en cuenta que los nuevos escenarios deberían ser comprendidos como el resultado de una construcción no exenta de dificultades y oposiciones por parte del modelo vigente, en la que participaron además de los movimientos con sus resistencias y movilizaciones también las fuerzas políticas y equipos que hoy integran los gobiernos. Otro desafío que acertadamente menciona el citado autor son los planes estatales para enfrentar la pobreza, en tanto si por una parte la alivian, por otra no afectan la participación en la productividad ni la distribución de la renta y se restaura una especie de clientelismo que erosiona la autonomía de los movimientos. Un tercer desafío se ubica en el proceso que se está desarrollando en la periferia de las grandes ciudades, donde se disputan el juego los estados, los movimientos y el crimen organizado, a menudo con preeminencia de este último, lo que amenaza la consolidación de alternativas al sistema, como en el caso de los planes sociales. Un último desafío residiría en poder expandir las iniciativas de producción y reproducción autogestionada que tendrían los movimientos ante sí, a la vez que el rol de las instituciones sería el de asumirlos para su consolidación.
Nuevas realidades y nuevos desafíos son los que afrontan las fuerzas y movimientos populares que pugnan de un rincón a otro de ‘nuestra América’ por la resistencia y la construcción de alternativas efectivas al neoliberalismo. Algunas de las características y mudanzas más importantes que tuvieron lugar en 2006 y que signan el presente escenario político, son los intensos y profundos procesos sociales, económicos y políticos, que han conmovido y transformado el escenario latinoamericano y caribeño desde el nacimiento de esa experiencia altermundista que dio sus primeros pasos en los inicios de 2001 en la ciudad brasileña de Porto Alegre. Detrás de un rosario de derrotas de la política estadounidense se encuentra la resistencia popular al neoliberalismo en diversos rincones del planeta, ocupando América Latina un lugar prominente como uno de los centros más activos y movilizados en esas luchas.

La difícil articulación entre las luchas sociales y su desemboque en alternativas políticas se fue transformando en la cuestión central de la izquierda latinoamericana y de las fuerzas anti-neoliberales en general. De allí, entre otras razones, la importancia del proceso boliviano, en el que los movimientos sociales articularon su propio partido político, el MAS, y consiguieron una importante victoria electoral. Conseguida ésta el nuevo gobierno se lanzó inmediatamente a la refundación del Estado, en base a la multiculturalidad y multinacionalidad. Otro país que produjo una de las mayores movilizaciones del período es Ecuador; después de haber sufrido fisuras por la fracasada participación en la experiencia de Gobierno de Lucio Gutiérrez, consiguió elegir un candidato que reivindica las banderas históricas de los movimientos sociales, Rafael Correa, aún no contando con el apoyo directo de la totalidad de los movimientos sociales. Se inscribe en una dinámica similar a la boliviana, inclusive orientándose a la convocatoria de una asamblea constituyente, además de afirmar la decisión de terminar con el modelo neoliberal e integrarse al Mercosur.
En el nuevo marco producido por el largo ciclo electoral se presentan otras perspectivas para el continente: se fortalece el proceso de integración regional con la incorporación de Venezuela como miembro pleno, Bolivia y Ecuador, además de la aproximación de Cuba y posiblemente de Nicaragua. La reelección de Lula, H.Chavez y N.Kirchner-Cristina Fernández puede consolidar y ampliar el proceso de integración. Por otra parte, el proceso boliviano apunta hacia una vía que adaptada a cada situación nacional, articula por primera vez una estrategia que reúne el fortalecimiento de la ciudadanía y la capacidad de regulación estatal, refundación del Estado y nuevo modelo económico. Esos dos factores afectan directamente dos de los tres ejes fundamentales de poder en el mundo, el monopolio de las armas y el monopolio del dinero, para que la lucha de América Latina y el Caribe pueda construir una estrategia global de construcción de mundo posneoliberal, de necesaria autonomía en relación con la hegemonía imperial, con políticas centradas en la esfera pública y no en la mercantil y con profunda democratización de los procesos de comunicación. Estos criterios servirán para medir los grados de avance que podrá concretar a partir de resultados electorales positivos.
Todas estas transformaciones llevan necesariamente a una idea consecuente de estado, que un buen observador de la región, Boaventura Souza dos Santos, califica de plurinacional, intercultural y poscolonial, expresándose en un constitucionalismo que intenta erigirse sobre el reconocimiento recíproco, la continuidad histórica y el consenso y formas propias de democracia, es d. de participación y deliberación, derechos colectivos, diversas formas de identidad, territorialidad y autonomías, aunque sobre la idea de una solidaridad nacional. Lo cual implica, teniendo en cuenta la situación presente y las dificultades que entraña, un largo proceso.

El caso de Venezuela y las transformaciones que se vienen operando desde el Estado representa sin duda alguna otro intento importante, junto al boliviano y precediéndole, de nuevas formas de democracia en América Latina, y de los desafíos y dificultades que implica.
Son muchos los cambios que se han producido en los últimos años en el papel del Estado y en sus modalidades organizativas, aunque no sea posible todavía realizar una presentación que dé cuenta en forma sintética y unitaria de estas transformaciones, ni presentar las características del modelo de Estado que se está conformando en el país. Porque a lo largo de 8 años de gobierno del actual Presidente Hugo Chávez se han producido desplazamientos muy significativos en los proyectos de cambio en relación al papel del Estado y su conformación, con cambios importantes tanto desde el punto de vista económico como político; también porque algunas de las transformaciones más significativas ocurridas no son el resultado de un modelo teórico preconcebido, no correspondieron a un plan estratégico ni a una concepción doctrinaria precisa, sino que han sido el resultado de decisiones tomadas en los diferentes momentos de las confrontaciones políticas producidas en estos años y de las respuestas coyunturales, a veces improvisadas, que se han venido dando en la búsqueda de adecuar las estructuras estatales a las exigencias de las políticas públicas y los cambios que se propone realizar el gobierno, decisiones que en sus tensiones, contradicciones y experimentaciones no expresan una concepción unitaria sobre cómo debería ser el estado; además porque en 2007 estaban por definirse las transformaciones del Estado del Socialismo del siglo XXI, en parte por no haberse adoptado aún muchas definiciones básicas y no haberse tampoco producido un debate público, abierto, sobre el conjunto de transformaciones que el gobierno se propone implementar

Entre los aspectos más significativos desde el punto de vista político y de las nuevas modalidades de participación se encuentran:
1. El Estado en el proyecto bolivariano: a pesar de que el proyecto de cambio en un comienzo no se diferenciaba significativamente del modelo socialdemócrata definido en la constitución de 1961, se cuestionan radicalmente las reformas neoliberales en la industria petrolera y se proponen cambios significativos en el ámbito de la participación democrática. En la Agenda alternativa bolivariana de 1996 se definen cinco sectores productivos para caracterizar un modelo económico mixto, público-privado: a) las empresas básicas y estratégicas, de propiedad estatal, que incluye al sector petrolero, la minería y alta tecnología militar; 2)los bienes de consumo esenciales, de propiedad mixta, que incluyen la industria de la construcción, la agroindustria, la pequeña y mediana industria y el turismo; 3) los servicios esenciales y de gobierno, de propiedad mixta, que abarcan la educación y la salud, además de un sector no productivo del gobierno, generador de servicios esenciales no transables; 4)la banca y las finazas, de propiedad mixta pero regulada y controlada por el Estado; 5) la gran industria, fundamentalmente la gran industria importadora, generadora de bienes y servicios no esenciales y sobre todo de carácter privado. La Constitución de 1999 reitera lo fundamental de esta visión, el Estado garantiza la propiedad y la iniciativa privada, reservándose la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico.
Si bien no se introducen cambios en la organización político territorial del Estado, dado que se preservan los estados y municipios en los que está dividido el país y se mantiene la estructura liberal clásica de separación de poderes, se introducen sin embargo cambios muy significativos en áreas que tienen que ver con los objetivos de ampliación de la democracia, siendo los más importantes los referidos a la manera de ejercicio de la participación y a la ampliación de los derechos de los ciudadanos. Se introducen en la Constitución modalidades de participación que sin sustituir a las instancias representativas buscan profundizar la democracia, a partir de un cuestionamiento a los límites formales de la democracia representativa y en particular a la forma en la que había operado en el país.
La participación de las comunidades organizadas y de los pueblos indígenas en la planificación y gestión pública está prevista en los Consejos de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. El art.184 establece una gama muy amplia de asuntos que pueden serles transferidos Contra las tendencias neoliberales dominantes en ese momento en todo el continente, la Constitución de 1999 no sólo reafirma sino profundiza una amplia gama de derechos sociales, económicos y culturales: la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho universal y gratuito de todos los ciudadanos a la educación, la salud y la seguridad social, y se garantiza constitucionalmente por primera vez en la historia del país los derechos de los pueblos indígenas, comenzando por la definición de Venezuela en el Preámbulo como “una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural”

2. Nuevas modalidades de gestión pública: el gobierno halló en todos los terrenos enormes dificultades en sus intentos de reorientar la gestión pública a través de las organizaciones administrativas existentes, encontrándose con estructuras estatales ineficientes desvalorizadas y deslegitimadas entre otros motivos por los bajos salarios, el poco prestigio, la limitada formación profesional, amplia extensión del clientelismo y la corrupción. Encontró además resistencia por parte de la burocracia estatal a muchas de las nuevas políticas, y hegemonía de los viejos partidos en los sindicatos de la administración pública. El gobierno decide impulsar y acelerar una nueva orientación de políticas sociales universalistas y paternalistas, por políticas públicas basadas en la participación, orientadas al fortalecimiento del tejido asociativo de las comunidades y a la creación de la ciudadanía política efectiva, lo que no parecía posible con las estructuras administrativas heredadas. En este contexto se inicia el programa Barrio adentro: ante las dificultades encontradas para una transformación sustancial del modelo médico-asistencial, tanto por parte del personal médico como por la burocracia del Ministerio respectivo, se decide un acelerado proceso de instalación de módulos de salud en las comunidades populares de todo el país para la transformación del modelo médico curativo–hospitalario en un modelo preventivo de medicina social que opere con la participación de las comunidades mediante la creación de Comités de salud locales; la gran mayoría del personal estuvo constituida por médicos y médicas cubanos; en pocos meses comenzó a cambiar para millones de personas su relación con el sistema público de salud, al margen de las instituciones de salud pública existentes.
Este programa se convierte en el modelo a partir del cual se impulsan sucesivamente nuevas políticas sociales en diferentes ámbitos que reciben el nombre de Misiones. Inicialmente la Misión Robinson para la alfabetización, Misión Robinson II para que los alfabetizados realicen estudios de escuela primaria, Misión Ribas para realizar o culminar estudios secundarios, Misión Sucre para incorporar sectores de clase media baja y los más pobres a los estudios universitarios. Luego se van estableciendo para cada una de las áreas de las políticas sociales: Misión Vuelvan Caracas para la capacitación en el trabajo y generación de empleo, Misión Zamora para la entrega de tierra y apoyo a los campesinos, Misión Mercal como sistema nacional público de entrega de alimentos a bajo precio, Misión cultura en el campo cultural, Misión ciencia en el ámbito de la ciencia y la tecnología, Misión identidad para el registro de la población no documentada, Misión milagro que posibilita operaciones para la recuperación de la vista, Misión árbol en el ámbito ecológico ambiental, Misión Negra Hipólita que ofrece atención directa de los sectores más excluidos, Misión Guaicaipuro dedicada a los pueblos indígenas, Misión sonrisa que ofrece atención odontológica, Misión Madres del Barrio para la atención de las madres más pobres, Misión Revolución energética para la política energética, Misión Villanueva para la vivienda y redistribución territorial. Las virtudes principales de las Misiones residen en su capacidad para superar obstáculos burocráticos llegando en forma directa y rápida a los sectores más excluidos de la población, y en la promoción de procesos organizativos en las comunidades como parte de su diseño y ejecución, por lo que han tenido gran impacto en ambos sentidos. Aún no queda claro en qué medida las Misiones constituyen el modelo de organización de la administración pública del nuevo Estado que podría reemplazar a las estructuras burocráticas anteriores, porque en algunos casos operan al margen como por ej. Barrio adentro, en otros son los ministerios del área correspondiente o nuevos ministerios creados para tal fin los encargados de realizarlas; cuando existe una doble institucionalidad su financiamiento representa más carga financiera y por otra parte su limitado grado de institucionalidad que les permite llegar de manera rápida y directa es también una fuente de debilidad que se expresa en la falta de procedimientos claros, de normas administrativas de gestión de los recursos para limitar el clientelismo y la corrupción, ya denunciados por las propias organizaciones; la dependencia de muchos de estos procesos organizativos populares de las iniciativas y el financiamiento de las políticas públicas dificulta la generación de experiencias organizativas autónomas. Es una de las tensiones principales del Estado venezolano con los sectores populares, y del modo en que éstas se procesen dependerá el tipo de democracia que se pueda construir.

3. El impulso de la democracia participativa: las experiencias organizativas populares a partir del impulso de las políticas públicas son necesariamente desiguales, desde algunas en las que están más presentes el clientelismo y el paternalismo, hasta otras en las que se ha logrado gestar niveles mayores de autonomía de las organizaciones y comunidades en relación con los organismos públicos que impulsan dichas políticas, como tendencias a la democratización en las propias instancias públicas. Es particularmente rica en este sentido la experiencia de las empresas públicas del agua a partir de la creación de Gerencias Comunitarias destinadas a lograr, con la participación de las comunidades organizadas, la gestión democrática del agua: iniciada esta política en 1999 con una de estas empresas, Hidrocapital, se extendió a un amplio proceso organizativo a escala nacional con Mesas Técnicas de Agua y Consejos Comunitarios de Agua, que han ido involucrando a las comunidades desde sus preocupaciones iniciales sobre asuntos estrictamente locales, referidos al acceso de agua a sus viviendas y comunidades, hasta abarcar las relaciones entre los acueductos formales e informales, las negociaciones entre diferentes comunidades por el acceso al agua, el establecimiento de prioridades de inversión, la participación en las decisiones referidas no sólo al acueducto y al sistema de procesamiento de aguas residuales en su conjunto sino también a la cuenca de la cual depende el acceso al agua. Procesos que implicaron de forma paralela transformaciones democráticas de estas empresas públicas, pasos en el cambio de una cultura tecnocrática, que veía el tema del agua como asunto de experticia ingenieril, hacia una práctica de convertir el diálogo con las comunidades y la participación de éstas en el diagnóstico y solución de los problemas en la norma de su funcionamiento.

En los últimos años se buscó de diversas formas llevar a la práctica los lineamientos constitucionales en relación con la democracia participativa. Una de ellas, para la transferencia de recursos del gobierno central a las gobernaciones y alcaldías es la Ley de Asignaciones Económicas Especiales para los Estados y el Distrito Metropolitano de Caracas derivadas de Minas e Hidrocarburos, que regula la distribución a organizaciones sociales de un determinado porcentaje del ingreso nacional procedente de las minas e hidrocarburos. Otra es el Decreto con fuerza de ley orgánica de Planificación, que establece que los órganos y entes de la Administración pública promoverán la participación ciudadana en la planificación, por la que las personas directamente o a través de las comunidades organizadas o las organizaciones públicas no estatales legalmente constituidas podrán presentar propuestas y formar opiniones. Asimismo la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, con el fin de promover la participación de las comunidades organizadas en la planificación y gestión pública y conforme a lo previsto en la Constitución sobre los Consejos de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, establece que las instancias de planificación local estarán constituidas por el alcalde/esa, los consejales/as del Municipio, los presidentes/as de las Juntas parroquiales, el/los representantes de Organizaciones vecinales de las parroquias, de las Organizaciones de la sociedad organizada y de las Comunidades o pueblos indígenas. Estos Consejos tienen una amplia gama de competencias. En general fue poco lo que se avanzó en el establecimiento de estos Consejos puesto que ello exigía una profunda transformación de los gobiernos municipales, había poca experiencia organizativa y de gestión pública en las comunidades locales, a la vez que hubo resistencia de las autoridades municipales a compartir el poder de toma de decisiones y de manejo de los recursos públicos. En 2006 se aprueba una nueva norma legal, la Ley de Consejos Comunales, que son según el art.2 “instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas…”; están claramente concebidos en relación directa entre la organización en el ámbito comunitario y la Presidencia de la República mediante comisiones presidenciales a niveles estaduales y locales; la transferencia de recursos financieros se hace a través de las unidades de gestión financiera creadas por los Consejos comunales, sus fondos proceden además de los que provienen de la República, los estados y los municipios, del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales derivadas de Minas e Hidrocarburos (LAEE), así como de instituciones financieras del Poder Ejecutivo; se crea asimismo mediante esta ley el Fondo Nacional de Consejos Comunales que tiene por objeto “financiar los proyectos comunitarios, sociales y productivos presentados por la Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular. A diferencia de los Consejos Locales de Planificación Pública, a partir de la aprobación de esta ley se conformaron Consejos Estaduales Presidenciales del Poder Comunal en todos los estados y se crearon aceleradamente miles de Consejos Comunales en todo el país, generándose en pocos meses una dinámica de cambios y expectativas de importante efecto organizativo y movilizador, aún en sectores de clase media de Caracas; tanto los mecanismos para su constitución como los trámites para la formulación de proyectos y obtención de recursos fueron simples y fluidos, con pocas mediaciones burocráticas; se otorgaron montos significativos de recursos a los Bancos Comunales y se aceleraron los procesos organizativos locales, las experiencias de diagnóstico y el establecimiento de prioridades, así como la elaboración y gestión de proyectos de acuerdo a las necesidades definidas por las propias comunidades. De esta manera se ha fortalecido el tejido social en las comunidades y la cultura política de la participación, aunque tropiece con dificultades por diversos motivos como la celeridad con que se conforman estos Consejos, la falta de apoyo y asesoramiento para un buen empleo de los recursos, la dificultad en asumir problemas que abarcan una dimensión territorial mayor, algunas experiencias clientelares o de aprovechamiento privado, solapamiento de funciones con las estructuras municipales por ser autónomos a su respecto, dificultades de relación con las organizaciones sociales preexistentes.

4) Estado y participación en el socialismo del siglo XXI: a partir de la reelección de Hugo Chávez en diciembre de 2006 se inició una nueva fase en el proceso político venezolano. En las semanas siguientes el Presidente hizo un conjunto de anuncios en torno a las tareas de la construcción del socialismo del siglo XXI, destacando como asuntos prioritarios la creación de un partido que agrupara a todas las fuerzas políticas que apoyan al gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y lo que denomina los cinco grandes motores: la Ley habilitante, la reforma socialista de la Constitución, la educación popular, una nueva geometría del poder y la explosión revolucionaria del poder comunal: los Consejos comunales, que según expresiones del propio Presidente apunta a trascender lo local, creando una especie de confederación de Consejos Comunales, hacia la conformación de un Estado comunal, socialista, bolivariano, que trascienda al viejo estado burgués. En el mismo mes se crea el Consejo Presidencial para el Poder comunal.
Algunos analistas como E. Lander, aún valorando todos estos intentos participativos, conideran que no queda claro hasta hoy, al menos en el debate público, cuál es ese modo de Estado, puesto que aparecen visiones bastantes diferentes a propósito de algunos asuntos medulares, tales como si reemplazarán o no a la actual estructura política y en qué grado, de qué modo es concebido el ámbito de participación, si abierto o no a toda la sociedad, lo que incluiría el alto porcentaje de oposición y la confrontación entre visiones y proyectos sociales y políticos diferentes, o como ámbito de la revolución; es igualmente fundamental el papel que se atribuya a los Consejos Comunales en calidad de ámbito de participación política en asuntos de carácter global, referidos al presente y futuro de toda la sociedad. Según algunas visiones que se debaten, el proceso de construcción del nuevo Estado y de la democracia socialista se caracterizaría por una estructura piramidal desde bajo hacia arriba, en la que la representación política de la población se daría a través de algunos representantes de cada instancia, desde la base o Consejo Comunal hacia la instancia superior siguiente hasta el nivel nacional; es un modelo político que privilegia algunos aspectos muy importantes de la participación pero subestima otros que son vitales para la democracia, tiende a negar la representación proporcional haciendo muy difícil la representación de las minorías, lo que dificulta ámbitos de democracia deliberativa en los que sea posible dar a conocer, debatir y tomar decisiones sobre asuntos locales, parciales y sobre todo el conjunto de la sociedad, sin lo cual no se puede construir una democracia completa. La forma en que se están dando los procesos de toma de decisiones se convierte en obstáculos que limitan las condiciones de este debate, por ej. el no haber enviado a la Asamblea Nacional los cambios propuestos para promover debates nacionales sobre los mismos; dado que los parlamentarios pertenecen a partidos que forman parte de la coalición gubernamental con seguridad la Asamblea los habría asumido en términos muy favorables, se optó sin embargo por la solicitud de una ley habilitante de poderes extraordinarios que autoriza al Presidente que en Consejo de ministros dicte Decretos abarcando un espectro muy amplio de asuntos de la vida pública. Igualmente con respecto a la reforma constitucional, dada la profunda polarización existente en el país se convirtió en un referéndum a favor o en contra de Chávez, lo que contribuye poco a la construcción de una cultura democrática. Como inevitablemente ocurre en todo proceso de cambio la dinámica de la sociedad venezolana actual presenta grandes diversidades, procesos de experimentación y aprendizaje, rupturas y continuidades, un Estado que impulsa pero también frena la participación, genuinos procesos democráticos de participación popular en frecuente tensión con estructuras institucionales y dinámicas políticas, tensiones entre la concentración y una distribución amplia del poder en la sociedad, lo que hace pensar que del modo en que se resuelvan estas tensiones dependerá el carácter más o menos democrático del Estado y de la sociedad que se están construyendo en Venezuela.

No menos paradigmático resulta el caso de Bolivia y la zona andina. Por tercera vez en la historia del país, 1937-1969-2006 se decretó la nacionalización de sus recursos naturales. La medida tendrá ya un impacto económico significativo en el caso del gas natural, puesto que detenta las segundas mayores reservas del continente. Cualquier demócrata en serio ha de saludar esta medida, por tres razones principales, afirma con convicción Boaventura de Souza Santos: en primer lugar por haber sido una de las promesas electorales de Evo Morales que lo llevaron al poder, que de no ser cumplida, lo cual ha sido recurrente en el continente dañando seriamente a la democracia, sería particularmente grave dado que los bolivianos mostraron, hasta con el sacrificio de la vida en varias ocasiones en los últimos tiempos, su determinación en poner fin al pillaje de sus recursos: protestas masivas entre 2000 y 2005 que llevaron a renunciar a dos presidentes, terminando con el referéndum vinculante en julio de 2005 en que el 89% de los participantes se pronunció a favor de la nacionalización de los hidrocarburos. Una segunda razón reposaría en el hecho de que la democracia no es sustentable más allá de cierto límite de exclusión social y Bolivia está cerca del mismo, ya que cerca de la mitad de la población vive con menos de un euro y medio por día; el empobrecimiento se agravó en las dos últimas décadas con el neoliberalismo, y la reciente firma de los tratados bilaterales de libre comercio de los EE.UU. con Colombia y Perú, que acabará con la exportación de productos agrícolas, sobre todo soja, a los países vecinos; la nacionalización, para ser efectiva, deberá complementarse con una política de redistribución social, de inversión en la salud, la educación, las infraestructuras básicas, la seguridad social; en ese caso se produciría un inmejorable contexto para la nacionalización, a causa del aumento de precio de los recursos energéticos, siendo inaceptable que las empresas energéticas alcancen grandes ganancias -vendiendo el barril de petróleo a más de 70 dólares en base a contratos de exploración en que el precio de referencia es muy inferior a 20 dólares-, mientras el pueblo muere de hambre y de dolencias curables. La tercera razón es que se trata de una nacionalización moderada, que no implica expropiación e intenta reponer la seguridad jurídica, uno de los pilares de la democracia, mientras las privatizaciones de la década del 90 además de haber sido ruinosas para el país fueron ilegales, como acaban de declararlo los tribunales, ya que los contratos de exploración no fueron aprobados por el Poder Legislativo, conforme ordena la Constitución; en términos jurídicos, la nacionalización resulta ser condición mínima para que el Gobierno de Bolivia pueda renegociar los contratos con las empresas energéticas de modo más justo, renunciando éstas a una ganancia excesiva para que el pueblo empobrecido pueda vivir mejor.

El triunfo electoral de Evo Morales Ayma el 18 de diciembre de 2005 dio inicio a una profunda reconfiguración del bloque sociopolítico gobernante, afirma Pablo Stefanoni. Mediante la combinación de formas de lucha institucionales y extrainstitucionales, el movimiento indígena popular logró a través de su instrumento político desplazar a las elites neoliberales que monopolizaron el poder y la palabra en las últimas dos décadas e inaugurar una nueva hegemonía indígena popular, obteniendo una legitimidad político electoral sin precedentes, la mayoría absoluta de los votos de 53,7%, sobre todo si se tiene en cuenta que desde la restauración de la democracia en 1982 ningún partido alcanzó el gobierno por la sola fuerza del voto popular sin acudir a poco transparentes pactos políticos en el Parlamento para habilitar mayorías que la ciudadanía no había convalidado en las urnas, dado que en Bolivia si ninguna fórmula obtiene más del 50% de los votos el presidente es elegido entre los dos binomios más votados por el Congreso reunido en Asamblea legislativa.
A diferencia de las experiencias anteriores –entronque histórico con el nacionalismo militar de las décadas del treinta y del cuarenta, con la Revolución nacional de 1952 y con el breve ciclo de nacionalismo obrero-militar de la década del setenta, una de cuyas expresiones fue la Asamblea popular durante el corto gobierno del general Juan José Torres (1970-71)- este nuevo nacionalismo no es articulado por las Fuerzas Armadas ni por las clases medias urbanas, sino por las masas indígena-mestizas que han recuperado parcialmente las reivindicaciones propias del viejo nacionalismo boliviano de lucha entre la nación y la anti-nación, anti-imperialismo y demanda de nacionalización de la economía y del estado, pero incorporando un novedoso componente étnico-cultural y de auto-representación social en la construcción de una identidad colectiva popular atravesada por múltiples identificaciones sindical-corporativas.
La experiencia político estatal del Movimiento al Socialismo-Intrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) plantea nuevos desafíos acerca de sus posibilidades democratizadoras y su capacidad para potenciar procesos de empoderamiento social y construcción de poder ‘desde abajo’. Los primeros meses de gestión parecen avalar una respuesta en parte positiva y en parte negativa: por una parte la fragmentación actual de los movimientos sociales y los conflictos internos al interior del MAS_IPSP dieron lugar a un modelo ultra centralizado de toma de decisiones corporizado en Evo Morales, por otra las determinaciones gubernamentales son consultadas a las direcciones de los principales movimientos sociales del país; aunque la dificultad reside en que éstos están lejos de una imagen idealizada que ha construido una frontera entre lo político y lo social, muchas de las organizaciones realmente existentes conciben a la política más como clientelismo popular, acceso prebendal a las estructuras estatales, que en su dimensión emancipatoria. En un contexto en el que la identidad de los actores políticos y sociales tiene un fuerte componente corporativo, el momento de la universalidad, la visión de conjunto, recae en Evo Morales, quien intenta consolidar al pueblo como sujeto político, opina Stefanoni, por encima de la multiplicidad visualizada por los teóricos de la multitud, en una operación similar a la descripta por E. Laclau en sus análisis de las formas articulatorias populistas, basadas en la equivalencia contingente de un conjunto de demandas populares. El liderazgo de Evo Morales toma mucho de la figura del líder carismático, se habla ya del ‘evismo’ y no resultaría claro hasta el momento cómo garantizar un mayor debate público y la participación social en un proceso de democratización desde abajo, que desde el gobierno se percibe y promueve como una ‘revolución democrática y cultural’; ello podría visualizarse en la apatía social que habría acompañado a la convocatoria de la Asamblea Constituyente elegida el 2 de julio de 2006, principal consigna de los movimientos sociales en los últimos años, concebida como espacio para debatir y concretar la refundación de Bolivia dejando atrás el colonialismo interno y nacionalizando efectivamente al Estado boliviano. Hoy existe una clara delegación de poder en el Ejecutivo; entre los movimientos sociales se escucha la frase “-si ya somos gobierno para qué queremos la Asamblea Constituyente?, aunque también hay otras voces. Y desde el propio gobierno no se la percibiría como ‘poder constituyente de la multitud’, con independencia del Estado, sino como una instancia de ‘constitucionalización’ de los cambios en marcha y la recuperación de los recursos naturales. En este sentido está la experiencia venezolana de transformar la actual iniciativa política de la izquierda nacionalista en una hegemonía de largo aliento. Sin embargo, no debe perderse de vista que a diferencia del populismo clásico en que la relación entre el líder y las masas es directa o al menos se presenta como tal, el liderazgo de Morales está mediado por una multiplicidad de organizaciones corporativas y movimientos sociales ante los cuales debe rendir cuentas, en una versión boliviana del ‘mandar obedeciendo’ de los zapatistas mexicanos.

Tampoco resulta un dato menor que Morales haya aceptado la reelección como presidente de las seis federaciones cocaleras del Chapare para no quebrar los lazos con los movimientos sociales que dieron lugar al instrumento político. Es así cómo en momentos importantes baja a las bases para retomar la relación cara a cara que define y revalida su liderazgo, en un contexto de modernización incompleta, vinculada al desarrollo trunco del proceso de industrialización en Bolivia; los viajes diarios de Evo Morales a congresos sindicales o a reuniones campesinas indígenas tienen la función de renovar y fortalecer este vínculo carismático; en este ámbito cuenta con un alto grado de autoridad, pero no con un cheque en blanco que le permita autonomizarse de los movimientos sindicales que dieron origen al ‘instrumento político’ y eso puede verse en cada ampliado del MAS en el que el Presidente boliviano sigue con atención las propuestas de sus bases. Pero un dato a tener en cuenta es que las líneas ideológicas en este partido de sindicatos no se expresan como corrientes internas sino como posiciones ‘personales’ de sus dirigentes y es sintomático que en los congresos masistas cada delegado exponga su posición sin polemizar con las otras y no se desarrolle un verdadero debate político-ideológico. Este tipo de articulación política no está exenta de tensiones; hasta ahora el gobierno se mostró firme tanto frente a los reclamos sindicales como ante conflictos de carácter empresarial y ha manifestado defender los intereses del Estado frente a los intereses sectoriales expresados en múltiples particularismos, vinculados en gran medida a la captación de la renta de los recursos naturales; por ello algunos análisis liberales hablan de una mentalidad rentista que atraviesa la historia de Bolivia y que hoy se reactualizaría en las expectativas de despegue nacional que genera la nacionalización de los hidrocarburos. El corporativismo, que A.Gramsci guzgaba como tendencias conservadoras del campo popular, es una de las dificultades presentes en la consolidación del actual proceso de cambio como proceso contrahegemónico; éstas también se presentan en la difícil articulación entre el movimiento social emergente y los intelectuales. En ausencia de estructuras institucionales que permitan articular a los técnicos con las organizaciones sociales, esta tarea recae en el liderazgo del propio Evo Morales, quien corrientemente considera sus intuiciones como tanto o más válidas que los sofisticados análisis intelectualizados, y en gran medida la historia reciente parece darle razón; la estrategia que lo llevó a la Presidencia no fue una elaboración teórica sino una serie de decisiones guiadas por la razón práctica adquirida en las trincheras del sindicalismo campesino. El desafío del gobierno de la izquierda indígena es convertir esas intuiciones en una eficaz gestión con capacidad para reconstruir el Estado y transformar las condiciones materiales de vida de los bolivianos, principal demanda de la sociedad, es d. articularlas en institución. Pero es interesante señalar que justamente éste es nuestro desafío en América Latina, construir la organización política a través de instituciones generadas en los modos y exigencias de los cuerpos comunitarios, frente a modelos que siguen siendo canales de colonización.

El 1° de mayo de 2006, a dos días de cumplir los 100 días de gobierno, el presidente boliviano tomó la medida más esperada por los movimientos sociales que conforman la base del Movimiento del MAS-IPSP, la nacionalización de los hidrocarburos. Lejos de la nacionalización ‘light’ pronosticada por sus críticos de izquierda, el mandatario boliviano optó por un decreto duro, militarizó los campos petroleros y proclamó el control estatal del negocio hidrocarburífero en el país. El decreto 28.701 denominado “Héroes del Chaco” en referencia a la cruenta guerra con el Paraguay (1932-35) restituye al Estado la propiedad, posesión y control total del gas y del petróleo: a partir de la fecha del decreto las petroleras están obligadas a entregar al Estado toda su producción, que será comercializada por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quien determina las condiciones de venta -precios y volúmenes- tanto en el mercado interno como externo; las empresas deberán firmar en un lapso de 180 días nuevos contratos acordes con la nueva estructura legal nacionalizada, en caso de resistencia YPFB tomará a su cargo la operación de sus campos. El Estado retomó también la mayoría de las acciones en las empresas capitalizadas o privatizadas en la década del noventa mediante la recuperación de las acciones de los ciudadanos en manos de las administradoras de fondos de pensión AFPs y según el decreto se nacionalizarán las acciones necesarias para garantizar el control estatal de por lo menos el 50%+1 de las acciones de refinerías, ductos y centros de almacenaje. Asimismo hubo fuertes cambios impositivos. Mientras en los últimos años dos gobiernos fueron expulsados del poder por la demanda de nacionalización del gas y del petróleo, hoy los sectores populares se entusiasman con la posibilidad de un despegue económico de este país históricamente postergado, cuyos recursos naturales terminaron siempre en manos de pequeñas elites aliadas al capital extranjero. Los riesgos políticos y económicos no son pocos. La escenificación de la nacionalización mediante la ocupación militar de los pozos petroleros puso de relieve los vínculos del nuevo nacionalismo indígena con el viejo nacionalismo boliviano, un renovado pacto militar-campesino pero no como instrumento de las Fuerzas Armadas para cooptar al campesinado, al estilo del impulsado por el General René Barrientos después del golpe de 1964, sino articulado desde un gobierno indígena-popular que incorpora las FF.AA. al actual proceso nacionalista . Según algunos observadores, el devenir del proceso político boliviano ha dejado en claro que las corrientes socialistas resultan minoritarias y marginales, que la mayoría de los movimientos sociales promueve una perspectiva de reformas en el marco de un ´capitalismo de Estado’, y que luego de cada crisis se produce un repliegue defensivo hacia lo sindical-corporativo. En este contexto el gobierno está promoviendo reformas que contrastan con otras experiencias de izquierda o centroizquierda en la región y ensayando los primeros pasos para poner en marcha un proyecto posneoliberal.

El evismo es fundamentalmente una estrategia de poder, explica el Vicepresidente Álvaro García Linera con buen conocimiento de causa, que ha transitado principalmente por tres etapas: la resistencia local en sus inicios 1987-1995, la expansión en la búqueda de alianzas 1995-2001, la consolidación en el poder e iniciativa ofensiva por llegar al poder 2001-2006. Aunque en su núcleo fuerte parta de una persona, es un hecho colectivo revelado como una práctica política que para avanzar en estas tres etapas fue incorporando una serie de componentes:1) uno central es una estrategia de lucha por el poder fundada en los movimientos sociales, rompiendo con las estrategias previas de la historia política boliviana y en buena parte continental, que en tanto estrategias de los subalternos estaban construidas a la manera de una vanguardia política cohesionada que lograba construir movimientos en calidad de base social, como es el caso de muchos países centroamericanos, Chile y en parte Brasil, o bien en otros casos se trató de una vanguardia política democrática legal o armada que lograba arrastrar o empalmarse con movimientos sociales que la catapultaban, como ocurrió en distintos momentos en Perú o Colombia. El evismo modifica este debate al plantearse la posibilidad de que el acceso a niveles de decisión del Estado lo puedan hacer los propios movimientos sociales; ya no hace una lectura de la representación de lo político a través de la delegación de poderes, sino es una proyección que busca de manera casi absoluta la auto-representación de los propios movimientos sociales; este horizonte en el que los sindicatos campesinos optan por la auto-representación rompiendo sus vínculos con los viejos partidos no nace de una propuesta teórica definida sino se va implementando en la práctica desde mediados de la década del noventa con la fundación del Instrumento Por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) en 1995, sigla con la que Evo Morales y el movimiento campesino entran en la vida política con perspectivas emancipadoras. Es entonces una forma de auto-representación político-estatal de la sociedad plebeya, una veta muy importante para el debate neomarxista: movimientos sociales ya no como base sino como actores directos que avanzan de la resistencia hacia la expansión y el control de puestos en el Estado. 2) Un segundo componente central que lo caracteriza notoriamente reside en que el núcleo articulador de esta estrategia es el discurso de la identidad y la presencia indígena: siendo que la identidad no es natural ni perpetua sino construida, el evismo es una forma de reconstrucción contemporánea de la misma; se puede ver claramente en el movimiento cocalero que pasa del discurso plenamente campesinista de la década del ochenta a otro claramente indígena en la década del 90, que se extendió en todos los sindicatos campesinos en diversos momentos. Esta reconstrucción coincide, además, con un develamiento general que también se da en la sociedad boliviana en estos últimos veinte años y que promueve el MAS aprovechando las luchas que le antecedieron: el katarismo de las décadas del 70 y del 80, el indianismo radical de Felipe Quispe en la década del 90 e incluso el katarismo moderado de Víctor H. Cárdenas. Esta identidad indianista que se intenta reconstruir es flexible, hereda los discursos de los sindicatos indígenas y de los ayllus del Altiplano y se matiza con el indianismo más negociador de las comunidades indígenas de tierras bajas; de modo que mientras el indianismo radical aymara termina proponiéndose como excluyente con respecto a cualquier otra forma de entender la indianitud y su horizonte es centralmente político, el que aquí se propone es ante todo cultural y por ello puede convocar sectores más amplios de la nación para incluirlos en un proyecto renovador; puede abrirse a los mestizos, a los blancos o a quien fuera, pero bajo la premisa de organizar un nuevo proyecto que tenga como base otra vez la nación aunque de un modo distinto con respecto a la idea que proponía el nacionalismo revolucionario en 1952, puesto que el núcleo unificador de lo social y promovedor de la idea de la nación es el indio, que procede de los sindicatos agrarios y campesinos, mientras en aquél eran las clases medias letradas; mientras la revolución del 52 despertaba el inicio a la ciudadanía, pero diluyéndola en un mestizaje marcado por la hegemonía de la blanquitud de las elites y no dándole más posibilidades de desarrollo político, en esta nueva etapa, medio siglo después, el indio es un sujeto político autónomo que propone un nuevo modelo de nacionalismo expansivo, una nación multicultural que respalda la ‘unidad en la diversidad’, como lo repitió tantas veces Evo Morales en sus campañas electorales. Las bases económicas de este proyecto parten de la recuperación de los recursos naturales, la nacionalización y la atención especial que pone el programa del MAS en la pequeña producción individual, familiar, comunitaria, que es la que se ha rebelado en este tiempo –los cooperativistas, los cocaleros, los microempresarios, las fejuves-, pero de modo inclusivo, incorporando a la gran producción extranjera, tratando de dialogar con el mundo globalizado, aunque a la vez girando en torno al núcleo indígena en términos políticos y a la pequeña producción familiar y comunal en términos económicos, visibilizando así más de un modo de producción y múltiples modernidades, una múltiple temporalidad, por lo que puede entusiasmar a las clases medias urbanas, cosa que por ej. no obtuvo el indianismo más radical.

El evismo transita más bien la vertiente de lo nacional popular, discierne García Linera, a diferencia de la vieja ideología del nacionalismo revolucionario; su filo es todavía más revolucionario y sus raíces pueden rastrearse en Bolivia en el despertar de las masas promovido por Belzu en el siglo XIX, incorporando fácilmente otras experiencias emancipatorias como el zapatismo –mandaré obedeciendo prometió Evo en su discurso de asunción-, o las luchas de líderes influidos por las ideas marxistas como el Che Guevara o Marcelo Quiroga Santa Cruz. También dialoga con la antigua izquierda en la dimensión nacional popular, haciéndose cargo de los múltiples marxismos que todavía existen en el espacio político nacional, pero subordinándolos al proyecto indianista. El componente antiimperialista del discurso procede de la praxis de resistencia que tuvieron los sindicatos cocaleros desde fines de la década del 80 y durante la del 90; el Chapare fue el epicentro de una gran lucha en torno al cultivo de la coca, que potenció un discurso radicalmente antiimperialista porque los distintos gobiernos neoliberales actuaban contra los cocaleros presionados y apoyados militarmente por EE.UU. Otra vertiente importante es el sindicalismo, que retrotrae a la fundación del IPSP, momento en que el sindicalismo cobista recibe quizás el primer revés histórico en tanto los campesinos, cansados de la actitud clientelar y pactista , organizan una nueva coordinadora de sindicatos, el IPSP, con fines emancipatorios, que tanto como el MAS luego asimila la disciplina sindical de organización y movilización efectiva y un sinnúmero de simbolismos de la vieja COB pero en un proyecto de auto-representación política. Lo interesante es ver cómo a partir del indianismo, lo nacional-popular, el sindicalismo y el marxismo, E.Morales ha podido convertir el MAS en una maquinaria de poder que en esos años logró controlar el Estado, para desde allí atreverse a emprender la construcción de un modelo posneoliberal, de posible irradiación continental y mundial, constituyendo el único ejemplo mundial en que los movimientos sociales han llegado a tomar el Estado. El propio Evo Morales ha conceptualizado el proceso que encabeza como una revolución democrática cultural o descolonizadora, que modifica las estructuras de poder, la composición de las elites del poder y los derechos y con eso las Instituciones del Estado, lo que tiene efectos en la estructura económica, porque toda ampliación de derechos significa la redistribución de la riqueza. El evismo es el tercer gran intento histórico de los pueblos indígenas: el movimiento indígena se ha abierto varias veces al diálogo con los otros sectores y cuerpos sociales: Katari y la propuesta de ayllu de blancos, Zárate Wilka al luchar contra los conservadores junto a los federales, pero duraron poco tiempo a causa de la traición de los mestizos, de las clases medias que rompen esas estrategias de diálogo y obligan a una confrontación brutal entre indios y blancos; su duración dependerá en gran medida de las clases medias, y aunque se construye hoy con otras virtualidades y en un escenario en que las elites blancas –a excepción del Oriente- han aceptado anticipadamente su derrota, habrá que trabajar arduamente para no asistir a una repetición trágica de la historia.

En el caso de Ecuador, Alejandro Moreano señala que la gran movilización de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) de abril de 2006 en contra de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) y por la caducidad de los contratos con la empresa petrolera Occidental OXY, tuvo la virtud no sólo de romper el silencio de las negociaciones sino también de ubicar la dinámica política de Ecuador en su justo sitio y lanzar a la escena pública a múltiples fuerzas propiciando su reagrupamiento. Las necesidades que dominan la escena de la actual coyuntura no son la lucha contra la corrupción, sino lo que tiene referencia a la problemática petrolera, en particular el conflicto con la OXY, la firma del TLC y la ubicación de Ecuador en el juego de fuerzas que se libra en América, la integración Sudamericana, la Comunidad Andina de Naciones CAN y en particular el Plan Colombia. Mientras en Bolivia las mayorías indias y populares lograron imponer los problemas centrales, no en Ecuador, pero la acción de la CONAIE comenzó a cambiar las cosas, modificó la agenda y colocó en su centro a los principales problemas del país, revelando además la naturaleza de la crisis que éste vive: la llamada lucha contra la corrupción fue en la última década la gran estratagema para obliterar en el debate y la acción pública los temas fundamentales del país; el Coronel Gutiérrez logró disolver la amplia movilización social por el derrocamiento de Jamil Mahuad en el imaginario de la lucha contra la corrupción y su propio derrocamiento en las acciones de abril 2005 corrió la misma suerte, dado que el movimiento de los forajidos que precipitó su caída sintetizó la lucha social en un difuso moralismo político y en la consigna puramente ideológica de ‘se vayan todos’, que nunca logró expresar sus contenidos en una reforma política por medio de una Asamblea Constituyente, cuya tesis asumió el gobierno de Palacio como mera maniobra de supervivencia. Por lo que es dado preguntarse, según el mencionado autor, si todo ello no actuaba como una cortina de humo para pasar por debajo de la manga la firma del TLC, la ‘mejora’ de relaciones con el presidente colombiano Uribe y la renovación del contrato con la OXY.
Es indudable que nos encontramos con una crisis política que va madurando con varios niveles de determinación. El primero es el agotamiento del neoliberalismo: el alineamiento de fuerzas y los intereses que salieron a flote durante la movilización de la CONAIE mostraron que las elites dominantes han perdido la capacidad de construir un país. La única conquista que ha generado el ‘libre comercio’ gracias al Tratado de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA) es el desarrollo de pequeños nuevos productos de exportación , que representan menos del 5% del valor de las exportaciones; los empresarios de dichos productos pusieron el grito en el cielo ante una eventual suspensión del TLC y movilizaron a sus trabajadores, a quienes sin embargo impiden sindicalizarse, y el debate demostró que el así llamado ‘sacrificio fiscal’ que hace EE.UU. con el ATPDEA suma no más de 25.000.000 de dólares anuales, que bien pueden ser subsidiados por el Estado sin mayor esfuerzo. A cambio del mismo, el programa neoliberal significó el retroceso industrial del Ecuador, la reducción de los gastos en salud, educación, vivienda, bienestar social a porcentajes irrisorios, entre los más bajos de Latinoamérica, desempleo y migración forzosa, la entrega de los recursos naturales a las corporaciones multinacionales y alarmantes índices de pobreza y desigualdad: entre 1990 y 2004 el desempleo subió del 6% al 11% y el índice de Gini del 0,461 al 0,513. La continuidad y profundización del modelo neoliberal con la vigencia del TLC implicaría la ruina de miles y aún millones de campesinos que siembran maíz suave y duro y papas, un 57% del valor bruto de la producción de unidades campesinas, arroz, fríjol, soja, carne vacuna, quesos y cítricos. Conllevaría además la privatización de los servicios públicos, el tratamiento preferencial para las inversiones provenientes de los EE.UU, mayores beneficios para las empresas farmacéuticas estadounienses, prohibición de los controles sobre el movimiento de capitales y sometimiento de los conflictos a tribunales internacionales con el consecuente debilitamiento de la capacidad de toma de decisiones en política económica y por ende de la soberanía estatal. Contribuiría a enterrar la integración subregional andina y las relaciones económicas con Latinoamérica. Todo ello forma parte del Plan Colombia, que pretende convertir a la Comunidad Andina en parte de la estrategia militar de los EE.UU. La propuesta de los partidarios del TLC –empresarios, publicistas abogados y representantes de las empresas petroleras- para los campesinos afectados no ha sido otra que la ‘reconversión productiva’, que trae a memoria los grandes dolores de la década del 60; pero es además la mirada superficial de un capitalismo sin raíces frente a las tradiciones milenarias de cultivos como el maíz, la papa, el arroz; manifestación de una burguesía que no logró construir una identidad ni una tradición productiva y que a la primera dificultad abandona todo proyecto nacional; desde hace 20 años los industriales golpeados por la globalización han reaccionado reorientando sus negocios a las importaciones, burguesía de distribuidores que ha sido en todas partes el puente para la dominación imperial.

En el caso de Paraguay nos encontramos con otro proceso por demás interesante. La victoria del candidato de la Alianza Patriótica para el Cambio, el ex Obispo Fernando Lugo, en las elecciones del 20 de abril tendrá, como diversas voces lo han expresado, efectos en todo el continente. Las primeras llamadas telefónicas de algunos mandatarios de la región proyectaban con notable nitidez la guerra de posiciones que se está desarrollando en el tablero político latinoamericano; las rápidas felicitaciones de los ejecutivos de Uruguay, Argentina, Bolivia e, incluso, Chile reflejaban con bastante precisión la política de alianzas estratégicas y tácticas -no exenta de contradicciones- que está operando al sur del continente. La llamada del presidente venezolano Hugo Chávez fue quizás la de mayor calado político por su claro objetivo de iniciar cuanto antes un trabajo común estrecho, tanto a nivel bilateral como regional; el jefe de Estado bolivariano expresó a Lugo su deseo de reunirse « lo más pronto posible » para impulsar planes de « cooperación y complementariedad » entre las dos naciones; además, ambos coincidieron en la necesidad de seguir construyendo la « Unión de Naciones Sudamericanas » (UNASUR), herramienta estratégica en la dinámica de integración regional. La conformación de un Gobierno de « centro-izquierda » en Paraguay va a posibilitar el fortalecimiento de la orientación integracionista latinoamericana, relativamente soberana de la influencia de Washington. Las dos nuevas propuestas que se han realizado recientemente por parte de Brasil (Consejo de Seguridad Latinoamericano) y de Ecuador (Organización de Estados Latinoamericanos), que han generado preocupación en la Casa Blanca, contarán probablemente con el apoyo del gobierno paraguayo. Y éstos no son asuntos de segundo orden, porque vislumbran la crisis de legitimidad de estructuras hemisféricas impuestas por los Estados Unidos en el último medio siglo, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), y la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, la postura geopolítica que adopte la nueva administración paraguaya, va a depender no sólo de la voluntad política de la Alianza Patriótica, sino en gran medida, del papel que estén dispuestos a jugar los dos países de peso que le rodean, Brasil y Argentina. Las nuevas relaciones en el ámbito hidroeléctrico, en concreto, y en el seno del MERCOSUR, en términos más generales, van a ser cruciales. Debemos recordar que las presas de Itaipú y de Yaciretá, están suministrando energía a precios de costo a Brasil y Argentina, respectivamente. Esto significa que el segundo país más empobrecido de Sudamérica está subsidiando a dos naciones económicamente más sólidas. El precedente de las negociaciones en torno al gas boliviano enviado a Brasil y Argentina, no es muy halagüeño, ya que altos funcionarios de Petrobras reprodujeron actitudes propias del denominado « sub-imperialismo » brasileño. La posición más equilibrada del presidente Lula permitió mejorar las condiciones de venta del gas de Bolivia, a pesar de que todavía se sigue transfiriendo por debajo de precios justos, fundamentales para impulsar el desarrollo del país más pobre del subcontinente. Por ello, la aplicación de precios más acordes a los del mercado, será un asunto fundamental en los intercambios de Paraguay con sus dos vecinos. Pero donde mayores concesiones deberían hacer Brasil y Argentina es al interior del MERCOSUR, si pretenden fortalecer dicha institución. Las asimetrías del Mercado Común del Sur son notables desde su nacimiento en 1991, y han provocado constantes reclamaciones de los dos socios menores (Paraguay y Uruguay). Este último, debido al permanente desequilibrio, y a pesar de contar con un gobierno teóricamente de centro-izquierda, ha coqueteado en los últimos tiempos con los Estados Unidos, firmando un Tratado Bilateral de Inversión, y amenazando con un TLC si no se redimensiona el MERCOSUR. De cualquier manera, la entrada reciente de Venezuela en el organismo, y las propuestas de Chávez pueden resultar trascendentales para el reacomodo de Paraguay y Uruguay. Otro asunto de vital importancia va a ser la posición que asuma la administración Lugo ante la Casa Blanca, y más específicamente ante dos ejes de intervención. El primero es la presencia de tropas estadounidenses en la base aérea Mariscal Estigarribia, a 200 kilómetros de Argentina y 300 de Brasil. Con la excusa de la presencia de grupos terroristas islámicos en la triple frontera, Estados Unidos presionará para seguir teniendo presencia en la zona, con el objetivo oculto de establecer una base militar que controle el sur del continente. Si al anuncio por parte de Ecuador de retirar a las tropas estadounidenses de la base de Manta en 2009, se une la negativa del gobierno paraguayo a la presencia de militares estadounidenses, los niveles de nerviosismo en Washington pueden tocar extremos. El otro eje es la pretensión de Estados Unidos de apropiarse del Acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo, y por tanto hacerse con el control del recurso natural por el que se desencadenarán los conflictos bélicos del futuro. Se prevé que Lugo adopte posiciones soberanas en torno a este tema. En definitiva, los resultados electorales paraguayos, como expresan algunos analistas, hay que interpretarlos como un tanto más para el conjunto formado por la alianza entre el bloque rojo y el bloque rosa de la región, frente a los peones más representativos del eje del mal (Colombia, Perú, México), liderado por Estados Unidos. Sin embargo, dos interrogantes de gran trascendencia surgen en relación con Brasil y Argentina, acerca de si tendrán la suficiente capacidad para priorizar una visión estratégica regional a largo plazo, y si mostrarán la valentía requerida para enfrentar los bloqueos internos.
La consideración de estos casos concretos muestra las esperables dificultades internas y externas que desafían a estos procesos políticos de contramarcha, en pos de una genuina organización política desde las exigencias de las comunidades frente a una ya larga postergación, por y para ellas. Requerirá la decisión de saber asumir sus históricas reivindicaciones, con entereza, honestidad y competencia, con la sabiduría que requiere la razón práctica y la prudencia y el tino pero también las firmes convicciones que demanda el arte de lo posible, la política, y el respaldo de una política regional que sepa reunir los proyectos y fuerzas comunes de lo que Martí elocuentemente llamaba “nuestra América”.

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