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CORRUPCIÓN Y DERECHOS HUMANOS archivo del portal de recursos para estudiantes |
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Publicado originalmente en la Revista Probidad, julio de 2005
Introducción
Este trabajo contiene algunas ideas sobre la relación existente entre la lucha contra la corrupción y la promoción y defensa de los derechos humanos. Su propósito es estimular un mayor debate y acercamiento entre las instituciones y personas que trabajan en actividades anticorrupción y quienes lo hacen en el campo de los derechos humanos.
Los apuntes y comentarios acá recogidos provienen de discusiones sostenidas en numerosas reuniones de evaluación y planificación realizadas en Probidad (El Salvador). Fueron presentados inicialmente en el Seminario Internacional Corrupción y derechos humanos organizado en noviembre de 2004 por el Instituto Popular de Capacitación, en la ciudad de Medellín (Colombia). Luego fueron actualizados para ser incluidos en una publicación de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (Nicaragua). A estas instituciones se les agradece el estimulo, los aportes y las experiencias compartidas.
Contexto
La lucha contra la corrupción con el tiempo ha ido acercándose más y más al campo de los derechos humanos. Desde el momento en que se reconoció a la participación ciudadana como un aspecto clave en los programas de prevención y control de la corrupción, la preocupación por mejorar la vigencia de los derechos, o por tomar acciones de reparación cuando estos ya han sido afectados, ha venido creciendo.
Los primeros programas de lucha contra la corrupción en América Latina, impulsados principalmente por organismos internacionales, consideraban la corrupción como un problema de carácter administrativo. El énfasis estaba puesto en funcionarios o empleados que se alejaban de su deber, facilitando trámites o tomando resoluciones impropias a cambio de sobornos y prebendas. De ahí surgieron reformas orientadas a mejorar el nivel profesional de los servidores públicos, los procedimientos financieros, las declaraciones de patrimonio y los sistemas de auditoría, entre otras.
La lucha contra la corrupción también tuvo en sus inicios un fuerte enfoque en aspectos económicos, principalmente relacionados con los negocios en el Estado. Varios estudios demostraron que la corrupción aumentaba los costos de transacción, haciendo más onerosas las obras públicas y las compras de bienes y servicios. Se le dio mucho énfasis al hecho de que los costos asociados a la corrupción desalentaban las inversiones y desfavorecían el crecimiento de las economías. Producto de estos enfoques surgieron las reformas a los sistemas de compras y contrataciones, la simplificación de requerimientos y trámites para la instalación de inversiones, así como las concesiones y privatizaciones.
Por otra parte, con la consolidación de los sistemas electorales en la región surgió la preocupación por los compromisos asumidos por los candidatos y sus partidos políticos a cambio de las contribuciones económicas para cubrir los costos de las campañas. En la actualidad hay un debate abierto sobre la necesidad de establecer regulaciones sobre el financiamiento de las campañas, con el fin de reducir los riesgos de corrupción y evitar la entrada a la política de dinero obtenido del narcotráfico y otras formas de crimen organizado.
Más recientemente, a medida que el entendimiento sobre el fenómeno de la corrupción ha aumentado, viene cobrando fuerza un enfoque más social. Éste considera a la corrupción como un problema vinculado al diseño y funcionamiento de las instituciones de una sociedad, sin importar el sector al que éstas pertenezcan. Rompe con los esquemas que concentran la atención únicamente en los gobiernos y vuelve la mirada a otro tipo de instituciones, como los gremios, partidos, sindicatos y las empresas privadas, que igualmente sufren de problemas de corrupción en su interior y los propagan hacia otras.
Un mirada más social del problema de la corrupción permite poner también en el centro de la atención a las personas que sufren sus efectos. Se aprecia así que hay sectores de la población que resultan afectados en sus derechos cuando se dan casos de corrupción. A la vez - visto como oportunidad - se nota que al mejorar el ejercicio y respeto de los derechos pueden reducirse los espacios o riesgos de corrupción.
La corrupción y los derechos de las personas
Para comprender la relación que existe entre corrupción y derechos humanos debe tenerse en cuenta, entre otras consideraciones, que la corrupción es propiciada por grupos de poder que buscan obtener, mantener o expandir una posición dominante.
Los grupos de poder en nuestros países son élites económicas nacionales o transnacionales que controlan los mercados, banqueros e intermediarios financieros, cúpulas partidarias de diferentes ideologías, directivas de los gremios empresariales, profesionales y laborales, los medios de comunicación y otros grupos de interés.
En algunos países aún tienen mucho peso los mandos militares, como sucede en Venezuela o hasta hace poco en Ecuador. En Colombia es determinante el juego de intereses de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), las Autodefensas Unidas (AUC) y otros grupos armados. En Cuba los únicos grupos de poder autorizados son los articulados por el Partido Comunista.
Asimismo, es innegable el poder que tienen los grupos aglutinados alrededor de los señores de la droga que operan desde Colombia, México y otros países de la región, así como los traficantes de armas y de personas, y de otras modalidades del crimen organizado.
Los países del primer mundo frecuentemente imponen su agenda, como ocurre en las negociaciones comerciales con la protección a sus agricultores, la negativa a aceptar regulaciones ambientales para sus industrias o con el privilegio de impunidad para sus operaciones militares o de inteligencia. Como ejemplo se pueden citar hechos ocurridos en las relaciones de Estados Unidos con América Latina. En el plano internacional también operan bajo esa lógica burocracias de los organismos financieros internacionales, a través de sus recetas macroeconómicas o de las certificaciones de buen gobierno que otorgan a los países, aún cuando les conste que se han despilfarrado los préstamos o que se han manipulado las cifras fiscales.
Es con los intereses de estos y otros grupos que el ciudadano latinoamericano promedio se enfrenta cada día, con notables desventajas. Por eso es importante dimensionar la capacidad y medios de influencia que tengan dichos grupos de poder sobre las representantes públicos, incluyendo entre otros a los presidentes del ejecutivo, a los parlamentarios y a los magistrados de las cortes supremas.
Se debe considerar el carácter y nivel representativo de los gobiernos, o su legitimidad. Como ejemplo puede citarse el hecho de que en América Latina persista el uso de "listas sábanas" para la elección de parlamentarios. En éstas los votantes no pueden elegir a sus representantes en forma individual. Únicamente tienen la posibilidad de optar entre el grupo de candidatos propuesto por un partido o la lista propuesta por otro. En un sistema así obviamente se cuelan parlamentarios designados por las cúpulas partidarias que ni siquiera son conocidos por los votantes.
Son también representantes públicos los dirigentes gremiales, los periodistas, los notarios y auditores, los líderes partidarios, los supervisores de obras de infraestructura y todos aquellos que, por designación o por voluntad propia, deciden asumir una posición en la que se comprometen a defender el interés público.
Para que las prácticas de corrupción se den, necesariamente deben ocurrir transgresiones que comentan los representantes públicos al mandato que han asumido. Sea de manera formal o informal, los representantes públicos tienen el poder de garantizar la corrección o bien de manipular el uso del dinero, de la información, de los tiempos procesales, de los espacios públicos, de los recursos naturales, de los mercados o de la justicia, entre otros bienes sociales.
De acá es de donde se deriva la afectación de derechos, en la medida en que los representantes dejan de responder a su mandato y se ponen al servicio de los grupos de poder. Pasa con los usuarios de un hospital en el que las medicinas son compradas a sobre-precios o son robadas, con los reos que no pueden pagar un abogado defensor, el micro o mediano empresario que no puede participar en una licitación estatal o las líneas aéreas de bajo costo que no obtienen los permisos de operación en un país determinado.
Los primeros derechos afectados son aquellas libertades básicas que permiten controlar a los representantes públicos y a los grupos de poder. Son las libertades de elegir al diputado de nuestra preferencia, de participar en las decisiones del presupuesto público, de acceder a la información sobre los nuevas áreas de expansión urbanística, de exigir la publicidad de las fallas en el sistema financiero, de objetar la designación de candidatos a cargos públicos o de impugnar las concesiones del espectro radioeléctrico cuando son arbitrarias, entre otras. Como consecuencia, se propician situaciones de exclusión en las quedan otros grupos y la población en general con respecto al beneficio que pueden obtener de los espacios y recursos públicos. Esto se debe a que los grupos dominantes se han apropiado indebidamente de ellos.
Entonces, las transgresiones al mandato permiten que los representantes públicos desvíen beneficios que deberían estar destinados a la población en general o a los sectores marginados. Estos desvíos no necesariamente son ocasionales y ocultos. Pueden ser permanentes y legales como ocurre con las políticas fiscales regresivas que benefician principalmente a los grupos que concentran la mayor proporción de la riqueza de un país, o a determinados sectores económicos. Por ejemplo a los sectores financieros y de servicios en detrimento de la industria y la agricultura.
Si un diputado recibe un soborno para votar en favor de una ley, el acto de corrupción no termina con el depósito en la cuenta bancaria del legislador. La ley aprobada en forma corrupta entrará en vigencia y todos están obligados a cumplirla. Ocurrió con los decretos y las resoluciones judiciales del corralito financiero en la Argentina.
Y si la corrupción genera condiciones permanentes o estructurales, también ocurre lo mismo con la afectación de derechos. Poco a poco las personas van perdiendo la posibilidad de ejercer libremente sus derechos, en primer lugar. Luego, el acceso a oportunidades de trabajo o de educación se va limitando o cerrando. Finalmente, quedan excluidas o marginadas de los beneficios de los servicios públicos, de las políticas fiscales o del crecimiento económico.
La afectación de derechos se perpetúa en la medida que las sociedades prefieren ignorarlos. Pasa con los miles de personas que a diario deben abandonar sus hogares y emigrar a otros países. Solo son reconocidos por los gobiernos hasta que envían su primer cheque de remesas familiares.
La corrupción estructural se alimenta de la falta de procedimientos para ejercer los derechos, de la debilidad de las instituciones que deben resolver los conflictos, la impunidad de que gozan quienes los violan y la falta de medidas de reparación hacia los afectados. Ocurre en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, países en los que aún muchos consideran una ofensa pública pedir justicia por los crímenes cometidos durante los conflictos armados.
El efecto final de la corrupción es la desigualdad. La mayoría de gobiernos latinoamericanos de las décadas pasadas permitieron que las reformas estructurales beneficiaran principalmente a los dueños tradicionales del capital o la conformación de nuevas élites empresariales, dando por resultado que en muchos países la desigualdad se hiciera más pronunciada.
Para comprender adecuadamente el problema de la corrupción hay que tener presente que a éste se asocian entornos y mecanismos de encubrimiento, que impiden a la población visualizar o comprender la configuración de las prácticas transgresoras y los efectos que éstas producen.
Es importante mencionar que a esto contribuyen los grandes conglomerados multimedia y su vinculación con el poder. El control en pocas manos de la televisión, la radio, las publicaciones impresas y los portales de consumo en Internet ayuda a imponer discursos y formas de pensamiento monocromáticas. Al respecto, solo hay que observar las posiciones y los intereses de los grupos Televisa y Azteca en México o el novedoso Telesur con base en Venezuela.
Se suman al encubrimiento las guías cotidianas de cómo hacemos las cosas. No hay que dar explicaciones por nuestras decisiones, podemos cambiar las reglas cuando mejor nos convenga, esconder la información es nuestra ventaja competitiva o negar la participación a otros para mantener nuestra posición, son expresiones que reflejan de una u otra forma las conductas que aceptamos como normales.
Las consideraciones anteriores dan pie para formular cuestiones y obtener respuestas útiles al analizar prácticas específicas de corrupción. ¿Qué derechos y quiénes se ven afectos por las prácticas de corrupción?, ¿cómo la promoción y defensa de los derechos puede contribuir a erradicar las prácticas de corrupción? y ¿cómo la lucha contra la corrupción puede contribuir a fortalecer el respeto a los derechos de las personas?, son algunas posibles preguntas generadoras.
La lucha contra la corrupción en América Latina
Otra posible forma de visualizar la relación entre corrupción y derechos humanos es a partir de las iniciativas que han buscado la reducción o control del flagelo. Al revisar diferentes experiencias que se han dado en la región pueden identificarse en primer término los programas o las políticas de transparencia. Estos han tenido como finalidad mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, simplificar los procedimientos o trámites, facilitar información al público sobre el quehacer de las instituciones y abrir espacios para la participación de los ciudadanos.
Los programas o políticas de transparencia que han logrado una adecuada implementación han resultado en mejores condiciones para el ejercicio de los derechos. Tal es el caso de las leyes de acceso a la información pública. En la actualidad los parlamentos de países como México, Perú, Ecuador, Panamá y otros han dictado normas que establecen un conjunto de información básica que debe ser difundida por las instituciones de gobierno sin mediar solicitud, junto a procedimientos, plazos e instancias de petición para otros tipos de informaciones. Como se sabe, el derecho de acceso a la información pública habilita el ejercicio de otros derechos frente a las instituciones gubernamentales.
El procesamiento de casos de corrupción también tiene un componente relacionado a los derechos de las personas, aunque su desarrollo aún es precario. En la actualidad se considera que la resolución de un caso de corrupción no se reduce a la imposición de una sanción en contra de los responsables. Pasa por adoptar medidas de reparación en favor de los afectados, tanto en el plano material como humano. Lo material se refiere a la recuperación de activos o la reversión de las licencias o concesiones irregulares. El componente de derechos humanos en la resolución de un caso de corrupción implica un reconocimiento a los afectados directos por las irregularidades.
Por ejemplo, si se trata de proyectos de acción social, como servicios médicos o educativos, es posible establecer con precisión las poblaciones o comunidades que sufrieron perjuicios por los atrasos, sobrecostos, incumplimiento de especificaciones u otras irregularidades derivadas de los actos de corrupción.
Aún hay mucho por hacer para avanzar en materia de reestablecimiento de los derechos violados en casos de corrupción, indemnizaciones por daños sufridos y protección para evitar nuevas violaciones. Al respecto es importante citar que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ya suscrita por todos los países de América Latina a excepción de Cuba, establece en su artículo 35 que:
“Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con los principios de su derecho interno, para garantizar que las entidades o personas perjudicadas como consecuencia de un acto de corrupción tengan derecho a iniciar una acción legal contra los responsables de esos daños y perjuicios a fin de obtener una indemnización”.
Es importante no dejar de lado que el procesamiento de casos de corrupción debe terminar o tener una derivación hacia la adopción de medidas preventivas con la finalidad de que éstos no vuelvan a repetirse. Una parte de tales medidas deberán de consistir en garantías para que los derechos que resulten violados por determinadas prácticas de corrupción no sean nuevamente vulnerados, o al menos en una reducción de las oportunidades de afectación.
La exposición sobre las políticas de transparencia y la resolución de casos de corrupción permiten apreciar que cuando se defienden derechos que pueden ser o han sido afectados por representantes públicos, en general se están adoptando acciones contra corrupción potencial o efectiva. Esto lleva a reposicionar muchas acciones que han llevado adelante diferentes grupos e instituciones en América Latina, cuando han actuado frente a conductas de instituciones o autoridades gubernamentales lesivas a los derechos humanos.
Se puede sostener que las acciones o medidas que tienden a controlar la conducta de los funcionarios o la operación de las instituciones, con el fin de que se eviten o no se comentan abusos contra los derechos humanos, equivale a una reducción de las oportunidades de que se comentan transgresiones desde el Estado y como consecuencia, a una disminución de los nichos de corrupción.
Por otro lado, en cuanto a la lucha contra la corrupción en América Latina deben mencionarse aquellas estrategias que buscan incidir en las valoraciones éticas de las personas, particularmente de los funcionarios públicos. A través de códigos, campañas educativas y otras formas de sensibilización se han promovido principios o criterios de comportamiento frente a la corrupción, tratase de riesgos o bien de hechos consumados. Esto también tiene una fuerte vinculación con los derechos humanos.
Dos variables que pueden ser utilizadas para evaluar aspectos éticos en las instituciones son el respeto a los derechos de las partes y la confianza mutua. Tienen a su base la pauta de que tiene funcionario debe actuar en pro del interés público, y de los mecanismos y garantías que existan para detectar y resolver conflictos de intereses. Ello es acompañado con derechos propios de los funcionarios, como lo son el de excusarse u objetar decisiones que le provoquen conflictos éticos y el de denunciar actos irregulares cometidos por sus colegas.
La corrupción es inversamente proporcional al grado de democracia que exista en un país o al interior de una institución. La corrupción se asocia con patrones autoritarios, en los que la colectividad, sean estos votantes, afiliados, usuarios, beneficiarios, etc., han perdido el control de sus representantes. Como ya se mencionó, ello significa que los representantes han asumido una conducta alejada del interés público, son sujetos a influencias de los grupos de poder y caen frecuentemente en transgresiones en contra de los usuarios de las instituciones que dirigen.
Se puede afirmar entonces que a mayor afectación de derechos la democracia es pobre y como consecuencia, las oportunidades de corrupción aumentan. Por el contrario, mientras más se respetan los derechos de las personas, las sociedades o sus instituciones son más democráticas y por tanto, los riesgos de corrupción tienden a reducirse.
La transparencia: condiciones y garantías para el ejercicio de los derechos
La transparencia puede ser entendida como las propiedades o características de una institución o proceso que permiten una relación limpia y fluida entre representados y representantes. Son los hilos vinculantes entre la facultad para ejercer el poder y la legitimidad y sostenibilidad democrática de éste.
La falta de transparencia da vía libre para que los grupos de poder puedan hacer uso de sus influencias sin tener que poner en riesgo sus posiciones de privilegio. Asimismo, los funcionarios quedan en la libertad de incumplir sus deberes, de abusar de sus funciones o de actuar arbitrariamente sin temor a sufrir reparos.
La falta de transparencia le impide a los ciudadanos visualizar y comprender la naturaleza y dimensiones de las afectaciones que sufren contra sus derechos y las causas que las originan. Tampoco permite visualizar como los beneficios que deberían ser colectivos son desviados a pocas manos. Y lo que es peor, la falta de transparencia limita las posibilidades de enfrentar y resolver estos problemas. Cuando es intencional, la falta de transparencia es equivalente al encubrimiento.
Las afectaciones de derechos se dan en condiciones de poca transparencia, es decir, cuando no existe obligación de responder, cuando falta información pública o cuando los espacios de participación están cerrados. Esto induce a razonar que el aumento en las condiciones de transparencia dentro de una institución o proceso colectivo tiende a establecer una mejor situación con relación al respecto y garantías para el ejercicio de los derechos.
Una de las primeras condiciones de la transparencia es el derecho a elegir libremente a los representantes, independientemente del sector en que esto se desarrolle. Perfectamente pueden ser del gobierno, como el caso de los presidentes, parlamentarios y alcaldes. Pero igual, puede tratarse de representantes ante la junta directiva de una empresa o gremio, de los líderes sindicales o de la coordinación de un partido político. Si el público o los representados enfrentan restricciones para elegir a las autoridades, la sociedad, institución o proceso en cuestión es menos transparente. Es de hacer notar que elegir no se limita a designar. Implica también la posibilidad de quitar o revocar los mandatos o de impugnar los nombramientos.
El derecho a participar en la formulación de las políticas, lo que incluye normas y presupuestos entre otros instrumentos, también es fundamental para la transparencia. Los parlamentos ejemplifican esto en la medida que publican los proyectos de ley y que permiten que diferentes sectores puedan participar en las discusiones sobre el mismo. En algunos países, si un grupo de ciudadanos logra reunir determinado número de firmas, pueden entonces convertir una propuesta en una iniciativa formal de ley, obligándose los diputados a discutirla y darle el trámite correspondiente. Otro ejemplo interesante también lo constituyen los ejercicios de presupuestos participativos que se dan en muchos gobiernos locales, mediante los cuales los ciudadanos pueden establecer la selección y prioridades de inversión en proyectos. A medida que existe mayor participación en el diseño de las políticas públicas se reducen las posibilidades de que estas respondan o estén al servicio del interés de pequeños grupos de poder.
La base para el seguimiento de las decisiones y actuación de los funcionarios públicos y de la gestión de las instituciones es el libre acceso a la información que éstas generan o mantiene bajo su custodia. Planes, presupuestos, informes, estados financieros, resoluciones y otros documentos deben estar permanentemente a disposición del público como condición de transparencia. Además, deben existir procedimientos y garantías para acceder a otro tipo de información. Las excepciones deben estar claramente delimitadas en referencia a información personal de terceros, información sobre procesos en marcha cuando su difusión pueda ponerlos en riesgo o información sobre asuntos de seguridad colectiva.
Estas son algunas condiciones y garantías que deben existir para el debido ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Varios de estos aspectos han sido retomados en leyes nacionales o en ordenanzas de carácter municipal en varios lugares de América Latina. También, las aplicaciones de gobierno electrónico cuentan con componentes que tienen entre sus objetivos precisamente poner a disposición del público información clave sobre las decisiones y acciones adoptadas por las instituciones.
Los ciudadanos o los miembros de una comunidad tienen derecho a que sus representantes les rindan cuentas. Ello significa que estos últimos deben exponer, razonar y justificar las decisiones que han tomado, sus actividades en el ejercicio del cargo para el que han sido nombrados y el uso dado a los recursos que les han sido asignados. Algunas veces se hace a través de memorias de labores o informes periódicos presentados en audiencias públicas, donde los ciudadanos tienen la oportunidad de hacer sus valoraciones y lo más importante, tomar decisiones a futuro según vaya o haya resultado la gestión de sus representantes.
Asociado al derecho a recibir cuentas, está el de vigilar la actuación de los representantes y la gestión de las instituciones. En efecto, los ciudadanos, cuando se trata de las sociedades en general, o los miembros de una institución en particular tienen le derecho de preguntar, revisar o dar seguimiento a determinadas cuestiones que sean de su interés. El derecho a investigar o vigilar lo que está sucediendo es parte sustancial de la transparencia. Es de las garantías más acuciosas y efectivas cuando los mecanismos de encubrimiento llevan una tendencia creciente. El derecho a vigilar, incluye el requerimiento para que instancias especializadas, como ocurre con los organismos de fiscalización, lleven adelante investigaciones de mayor alcance o complejidad.
Si las decisiones en una institución o las actividades que se están llevando a cabo dejan lugar a dudas o presentan irregularidades, es también derecho de las personas presentar objeciones o solicitar una impugnación. Normalmente mecanismos para hacer valer estos derechos existen tanto en la vía administrativa como en la judicial, aunque en las primera normalmente están limitados a un criterio de interés demostrado. Por ejemplo en las licitaciones públicas, en la vía administrativa por lo general quienes pueden presentar recursos de revisión o anulación son las empresas participantes, no así los particulares. Lo mismo puede ocurrir con el nombramiento de funcionarios por medio de elecciones de segundo grado o designaciones administrativas, ante lo cual en los procedimientos se deben dejar espacios para la presentación de recursos de revisión si acaso existieran indicios de que las personas nombradas no reúnen los requisitos o que hubo fraude en los concursos de mérito.
Si todo lo anterior falla, y las transgresiones se comenten, los ciudadanos tienen el derecho a demandar sanciones contra los responsables. Éste es un aspecto crucial que no siempre logran resolver los sistemas sancionatorios en los países. Los ciudadanos normalmente se enfrentan a la paradoja de que hay irregularidades comprobadas, activos desaparecidos y proyectos abortados o estancados, sin que las autoridades tengan la capacidad o la voluntad de establecer quienes fueron los responsables.
Se puede plantear como un principio que en todo caso de corrupción necesariamente tienen que haber sujetos de sanción. En la medida en que los entes de investigación o los tribunales no logran cumplir con dicho principio, afectan los derechos del público al favorecer la impunidad y el encubrimiento.
Es importante advertir que la sanción no equivale únicamente a un castigo de tipo penal. Dada la complejidad de los delitos de corrupción no siempre es posible establecer y demostrar la ocurrencia de estos. Pero no exime que puedan aplicarse otras medidas de sanción como los llamados de atención, las suspensiones o destituciones, las inhabilitaciones para ejercer cargos, las multas o reparos económicos o las prohibiciones para realizar contratos con el Estado o recibir concesiones, entre otras.
Estos son algunos de los derechos básicos de la transparencia. En el fondo lo que éstos buscan es que existan condiciones y oportunidades equitativas para accesar y beneficiarse de los servicios y recursos públicos. Como fin último procuran contrarrestar la desigualdad y la exclusión en las sociedades latinoamericanas.
Respuestas frente a afectaciones de derechos
Para el ejercicio de los derechos humanos en general y en particular para los relacionados con la transparencia es necesario que existan un conjunto de condiciones como parte del diseño institucional de un país y de las políticas que dicten los gobiernos. Es importante el reconocimiento explícito de los derechos en las normas de las instituciones, el diseño de procedimientos sencillos para su ejercicio, la existencia de instancias especiales dedicadas específicamente a promoverlos y tutelarlos, la aplicación de sanciones ante violaciones y las posibilidad de recurrir a medidas de reparación si las violaciones llegan a darse.
De ahí surge la necesidad, tanto para las iniciativas anticorrupción como para las de defensa de derechos humanos, de poner el ojo necesariamente en el problema pero con énfasis en la respuesta de las instituciones. No sirve de mucho estar año con año preparando informes sobre violaciones a derechos, si éstos no logran propiciar cambios en la capacidad y voluntad de las instituciones encargadas de brindar protección o reparación. Es importante dedicar recursos y atención a los procesos de promoción y defensa de derechos, verificando sus formas de diseño, implementación y evaluación.
Hay que valorar el rol, la capacidad y la cooperación de las instituciones que tienen bajo su responsabilidad el llevar adelante tales procesos y verificar la misma transparencia en dichas instituciones. De poca utilidad le son a los ciudadanos contralorías, oficinas de derechos humanos, fiscalía o tribunales que actúan a espaldas de ellos, que no rinden cuentas por sus actuaciones y resoluciones y que no abren espacios para que el público participe, entre otros aspectos de la transparencia.
La lucha contra la corrupción se está uniendo a la defensa de los derechos humanos. Luego de trascender las concepciones administrativas y económicas, la anticorrupción está dejando de ser un asunto meramente tecnocrático y está adquiriendo dimensión política y razón de ser dentro del cambio social. Su instrumental técnico puede ser puesto ahora al servicio de la lucha en favor de la equidad y del reconocimiento de la persona como el origen y fin de la actividad social.
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