· La Radiodifusión en el Menemismo:

Introducción: Los medios durante el Radicalismo

Si bien la UCR fue el único partido que en su plataforma electoral incluía propuestas para la reorganización del sistema de radiodifusión, una vez en el gobierno no llevó adelante una planificación explícita.
Durante su mandato no llegó a sancionarse una nueva ley de radiodifusión, ni se produjeron cambios en la 22.285/80 vigente.
Al asumir el gobierno democrático se intervino el COMFER dado que su composición dispuesta por la ley de facto, no era democrática; se revisaron las concesiones hechas por el gobierno militar y se dictó el decreto 1151/84 por el cual se suspendió el PLANARA y el llamado a concurso hasta la sanción de una nueva norma legal.
En cuanto a las emisoras administradas por el Estado, el gobierno radical no demostró apuro en privatizarlas.
Tampoco torció la forma de administración de los mismos: se cambió a los interventores de los canales de televisión de cabecera, pero la lógica del rating y el competir por la audiencia se mantuvo intacta.
ATC como emisora genuinamente estatal dependió en primera instancia de la Secretaría de Cultura de la Nación, luego de la SIP y una vez disuelta ésta en 1987 pasó nuevamente a la órbita de la Secretaría de Cultura y Medios de Comunicación, dependientes de la Presidencia de la Nación, siempre con balances deficitarios en su gestión.
Las ondas del canal 9 de Capital y del canal 2 de La Plata fueron otorgadas por el general Bignone (presidente de facto) unas horas antes de las elecciones generales del 30 de octubre de 1983 a Alejandro Romay y a la Radiodifusora del Carmen S.A. respectivamente.
Romay no aceptó la indemnización que el Estado debía pagarle por la expropiación de su productora y recurrió ante la justicia para recuperar su canal.
Así es como durante la presidencia del Dr. Alfonsín el único canal capitalino en manos privadas fue el 9.
El traspaso al sector privado del canal 2 demoró más en concretarse, por las presentaciones ante la justicia que realizó Kraiselburd, dueño del diario Popular y de El Día de La Plata, al sentirse perjudicado por las restricciones de la ley 22.285 que como dueño del medio gráfico le impedía acceder a licencias de radiodifusión.
Finalmente su presentación fue desechada pero para esa resolución judicial hubo que esperar hasta 1987, mientras el canal 2 estuvo bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Quizás los más rico de la etapa radical en cuanto al debate sobre la radiodifusión haya pasado por la formulación de diversos proyectos legislativos, tanto desde diferentes actores dentro del gobierno nacional, como desde varios partidos políticos y organizaciones sectoriales.
Sin embargo la concertación de estas iniciativas no logró superar el trámite legislativo ni las sordas oposiciones a una política pluralista y descentralizadora para el espectro radioeléctrico.
Debido a la imposibilidad de obtener licencias por concurso (a partir de la suspensión del plan de adjudicaciones) se registró un crecimiento importante de la radiodifusión por cable y la explotación de la banda de F.M. a partir de emisiones al margen de la ley.
Al momento de concluir su mandato el primer gobierno constitucional (1989) la organización del sistema de medios en el plano formal permanecía sin modificaciones con respecto a su antecesor, con la vigencia de la ley 22.285/80.

Primeros pasos del nuevo gobierno.

La asunción del Presidente Menem y sus colaboradores nombrados en el sector de medios llevó a redefiniciones y reposiciones frente a diversas cuestiones.
Los puestos de decisión en materia de radiodifusión fueron ocupados a partir de julio de 1989 por personalidades de diversa procedencia dentro del seno del Justicialismo.
Fueron nombrados:
· Jorge Rachid en la Secretaría de Prensa y Difusión.
· León Guinsburg interventor del COMFER.
· Martín Oyuela en la Subsecretaría de Cultura Nacional.
· Luis Durán a cargo del Prondec.
· Horacio Frega en radio Belgrano.
· Miguel De Renzis en radio Excélsior.
· Julio Maharbiz en radio Nacional.
· Mario Gavilán en ATC.
· Abel Maloney en canal 13.
Las cuestiones que más peso tuvieron durante el primer año de gobierno Justicialista estaban ligadas al futuro de las emisoras comerciales administradas por el Estado.
1º Se establecieron investigaciones y auditorías internas en cada una de las emisoras.
2º Se produjeron cambios en la programación de las emisoras, lo que llevó a que se denunciara la elaboración de “listas negras” o “persecución ideológica” a partir de un manejo autoritario por parte de los nuevos directivos.
Pero la cuestión de fondo estuvo en la decisión de privatizar todos los medios de comunicación comerciales en manos estatales y en cómo ésta se llevó a cabo.
A fines de julio de 1989, desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Dromi) se anunció el cierre inmediato de las emisoras en manos del Estado por ser empresas deficitarias que no proveían servicios públicos esenciales.
Esta medida regiría hasta el momento de la privatización de dichos medios.
Ante esta postura extrema, se desarrolló un movimiento para mantener en el aire a las emisoras encabezado por los trabajadores nucleados en la COSITMeCOS y apoyado por diversos sectores de la sociedad.
La COSITMeCOS se vio obligada a firmar con el Presidente Menem y el Secretario Rachid, un acta por la cual se creaba una coadministración de estos medios entre el gobierno y los trabajadores hasta su privatización y se garantizaba la participación de los trabajadores en la discusión y elaboración de los pliegos para los concursos públicos. Pero las privatizaciones de los medios eran un “hecho consumado” que ya en ese momento no se podía discutir.
Los lamentos de varios sectores involucrados en el tema se dirigían a que este proceso se hacía sin una nueva ley de radiodifusión.
En un artículo del Proyecto “Dromi” se aludía a la privatización de canal 11, 13 radios Belgrano y Excélsior y varias del interior, que hasta ese momento, administradas por lógica comercial, presentaban balances deficitarios explotadas por el Estado.
La ley fue aprobada (23.696) y permitió la consolidación legal de conglomerados multimedia nacionales.
El proyecto aprobado mantuvo la prohibición de entrada del capital extranjero a la propiedad de los medios de radiodifusión.
Actualmente mientras la ley Dromi tiene ya cuatro años de vigencia, aún se espera el debate sobre la radiodifusión argentina.

Las adjudicaciones.

LS84 canal 11 a Televisión Federal S.A. integrada por:
C. Vigil
Soldati
Zanón
A. Porto
Televisora Provinciales S.A
Enfisur S.A.
LS85 canal 13 a Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. integrada por:
Noble
Magnello
Arte gráfica Editorial Argentina S.A.
Invara S.A.
LR3 radio Belgrano se otorgó al grupo Romay (Libertad).
LR5 radio Excélsior a Red Celeste y Blanca S.A. integrada por:
Radio Federal
La Red
Los canales capitalinos ya en manos privadas comenzaron a “calentar” la pantalla y a construir su imagen institucional.
Por otro lado los medios en manos del Estado Nacional no pudieron ofrecer otros perfiles ni ser alternativa para el público.
Por ejemplo, la gestión de Julio Maharbiz en radio Nacional con perfil folclórico - informativo - oficialista.
ATC con Sofovich y el slogan “Ahora también competimos” para aumentar la audiencia con tendencia comercialista.
A través del decreto 1656/92 el Ejecutivo modificó la ley 22.285 para aumentar los recursos para financiar las erogaciones del SOR a los que autorizó a contratar publicidad en forma directa.
La Iglesia Católica se vio beneficiada por una avalancha de autorizaciones del Ejecutivo para instalar casi cien emisoras en distintos puntos del país.
Por lo tanto el concepto mediático y ,político de Menem consistió en aplicar un modelo de reducción del gasto público que en la radiodifusión se tradujo en la privatización de diferentes canales y radios y la racionalización de las emisoras pertenecientes al SOR (Radio Nacional y ATC).
Si bien en la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados (presidida por el justicialista Paz) existía una voluntad política para mantener en agenda el tema de la radiodifusión, parecía que para el Gobierno Nacional era mejor mantener el statu - quo, lo que demuestra también la debilidad del Parlamento frente a la regulación de la radiodifusión.
En este marco, la participación, la descentralización, el pluralismo y el derecho a la información son conceptos recreados ocasionalmente desde miradas parciales.
En conclusión, se mantenía un organismo de aplicación centralizado y fuertemente dependiente.
El proceso de desregulación, privatización y desmonopolización del sector de las telecomunicaciones permitió un incremento notable de la oferta de servicios y particularmente en lo referido a las transmisiones satelitales.
Frente al avance tecnológico de los 80 y a las tendencias desmonopolizadoras a nivel internacional, el gobierno argentino se fue despojando paulatinamente de su tradicional rol de prestador monopólico de servicios para ser regulador (control de las prestaciones privadas y a la fijación de políticas para los servicios básicos de telecomunicaciones.
Así en 1987, subió su señal al satélite de Intelsat la primera estación privada que distribuyó programación a las estaciones de cable de todo el país.
El paso de ENTel a manos privadas se concretó en noviembre del ‘90, a cargo de dos consorcios que operan como Telefónica de Argentina y Telecom.
En 1989 se disolvió la Secretaría de Comunicaciones y a mediados del 90 se creó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones como nuevo ente regulador que se encuentra abocado a regularizar el espectro radioeléctrico y maximizar las posibilidades de iniciativa privada para explotar servicios de telecomunicación de valor añadido (Telefonía celular móvil; transmisión de datos).
Poco ha aportado la CNT en su rol de regulador técnico del espectro de radiodifusión.
El satélite argentino: el 4 de febrero de 1993 por medio del decreto 153 se adjudicó el concurso público nacional e internacional a la unión transitoria de empresas Nahuelsat S.A. más dos satélites canadienses (Anik I y Anik II) hasta la puesta en marcha en 1996 del sistema satelital argentino con el satélite Nahuel que prestará servicios a Argentina, Chile y el Mercosur.
En la próxima década se espera un acentuado incremento en la oferta de servicios de video debido a los avances tecnológicos que llevaron a una reducción de los costos a cualquier proyecto satelital.
Argentina es el país latinoamericano líder en la radiodifusión por cable (siguiendo el paradigma norteamericano de la radiodifusión) por su cantidad de emisoras y de abonados.
Antes de su aparición como servicio, en diversas localidades del interior do se podían captar señales de televisión por antenas convencionales.
Por ello fue legislado en 1980 como “circuito cerrado comunitario de televisión”.
A diferencia de la radiodifusión por aire, en el caso del desarrollo de la televisión por cable, el Estado no tuvo participación alguna como prestador del servicio.
Si bien el cable permite un acceso muy expandido a canales nacionales e internacionales, esta forma de radiodifusión, al no ser gratuita, acrecienta brechas en la posibilidad de acceso a los medios de comunicación.
En Buenos Aires y sus alrededores, los canales de aire permanecen firmes en su liderazgo de audiencia.
El total de abonados al sistema de cable en todo el país asciende a aproximadamente a tres millones. El número de canales de cale es de aproximadamente 1200.
En la actualidad, para mantener su liderazgo histórico en las pantallas del interior del país y ser exportadores de programación, los canales de televisión abierta de cabecera intentan ajustar su programación para un público masivo e internacional y lanzan sus propios canales de noticias vía satélite (canal 13, América 2, Telefé). También las radios y canales de cablevisión ( VCC, Cablevisión, América, Mitre, Continental, etc. y sus FMs) subieron sus señales al satélite.
La Asociación Argentina de Circuitos Cerrados Comunitarios de Televisión (ACT) unida a la Cámara Argentina de Televisión por cable (CATC) formaron la Asociación Argentina de Televisión por Cable (AATC).
Según Margarita Graziano el futuro próximo de la televisión por cable se encamina al abaratamiento de los costos del abono, así como a la apertura hacia una producción propia distinta de los canales de aire o de carácter más localista en el interior del país.

Radiodifusión al margen de la ley: Radios truchas y Televisoras de baja potencia.

Al asumir el gobierno radical una de las primeras medidas en radiodifusión fue la sanción del Decreto 1151 en abril de 1984 que suspendía el llamado a concurso para otorgar nuevas licencias hasta la sanción de una nueva ley que nunca llegó a sancionarse; y fue justamente durante el gobierno de Alfonsín que comenzó le boom de la instalación de radios en FM.
El fenómeno de las radios comunitarias en Argentina comenzó hacia el 80, pero su gran explosión se produjo durante el gobierno alfonsinista.
Sus causas principales fueron:
· Bajos costos de los equipos de transmisión.
· Necesidades de expresión insatisfechas de diferentes grupos sociales.
· Necesidad de abrir nuevos espacios comerciales para la radiodifusión.
Pese a que la operación de estas estaciones era ilegal.
A fines de 1988 se hablaba de mil emisoras sin autorización.
La Secom y el COMFER identificaban a algunas radios y en ocasiones decomisaban los equipos de transmisión, pero la gran mayoría de las FM continuaron por la indecisión del poder político.
Es preciso señalar que si bien no surgieron desde una crítica social profunda como ocurrió en los países europeos hacia mediados de los ‘70, las radios de baja potencia en algunos casos se hicieron eco de las problemáticas barriales y reflejaron la cotidianeidad de su oyentes.
Durante estos años comenzaron a emitir algunas radios en AM y canales de televisión abierta de baja potencia fuera del marco legal.
A los pocos meses, el Gobierno Nacional sacó el decreto 1357/89 que establecía un registro de emisoras en FM en “situación irregular” a las que se les otorgaba un PPP (Permiso Precario Provisorio). se dispuso que el COMFER llamaría a concurso para adjudicar licencias en FM. Es decir que se establecía un período de “transición” en el cual las emisoras “fichadas “ deberían pagar sus gravámenes.
Ante la decisión del Ejecutivo de llamar a concurso bajo las condiciones limitantes de la ley 22.285, los radiodifusores de FM reaccionaron con temor y la mayoría se registró en el COMFER.
Se preveían sucesivas etapas para los concursos, que completarían las 1221 licencias para todo el país discriminadas por emisoras de alta, media, baja y muy baja potencia.
La división del espectro de FM propuesta por el Ejecutivo dejaba afuera al menos a un millar de radios en funcionamiento, debido a que el número de frecuencias a concursar era muy inferior al de las emisoras en el aire. La Cámara de Diputados expresó su disconformidad a ésto. Hasta mediados del año 93 la situación de las FMs continuaba siendo confusa.
Mientras el COMFER reabrió el registro establecido por el decreto 1357/89 para actualizar datos, las mediciones de audiencias indican la creciente aceptación de emisoras no legales..

Evolución de las formas de propiedad en la radiodifusión argentina entre 1989 y 1993.

Según el artículo 8º de la ley 22.285 de radiodifusión los servicios serían prestados por:
a) Personas físicas o jurídicas titulares de licencias de radiodifusión.
b) El Estado Nacional, con los cual se establece un SISTEMA MIXTO en el cual el sector estatal ocupa un rol subsidiario respecto de las radiodifusoras privadas .
idea explícita
En la ley 22.285 se establecieron dos formas de adjudicación de licencias:
a) para las estaciones de radio AM y TV abierta mediante un CONCURSO PÚBLICO.
b) para los servicios complementarios (radio FM, circuitos cerrados de TV o radio, etc.) mediante ADJUDICACIÓN DIRECTA.
En los artículos 43 a 46 de la ley 22.285/80 se establecen los requisitos a ser cumplidos por los titulares de una licencia.
Éstos por ley deben ser:
Personas físicas o sociedades comerciales, de nacionalidad argentina con calidad moral e idoneidad cultural y con capacidad primordial acorde con la inversión a efectuar.
A las sociedades comerciales se les exige no ser filiales ni ser controladas por personas físicas o jurídicas extranjeras.
Existe un límite máximo de cuatro licencias que podrán ser adjudicadas a un mismo radiodifusor y limitaciones a la concentración de medios en una misma localidad.
Pero varios puntos de la ley 22.285 que imposibilitan la constitución legal de conglomerados en forma multimedia y con característica de propiedad extendida fueron modificados en 1989 por la ley 23.696 de reforma del Estado:
· Se eliminó la restricción del artículo 45 inc. e) que establecía que no podía presentarse a concurso de una nueva licencia un propietario o socio de diferentes sociedades de radiodifusión.
· Se eliminó la restricción del artículo 45 inc. e) que impedía la presentación al concurso de una persona física o jurídica vinculada a empresas periodísticas o medios gráficos. Y además por el artículo 46 inc. a) y c) se permite que el licenciatario realice otras actividades y se permite la constitución de una sociedad integrada por otras sociedades.

Principales cambios en la estructura de la propiedad de los medios de radiodifusión desde 1989.

Subsector público:
Solamente quedan en manos del Estado, ATC y las emisoras dependientes de Radio Nacional, a las que se le suman las radios públicas provinciales, municipales ,y universitarias.
ATC fue convertida en Sociedad Anónima adoptando un modelo de organización interna privada.
La Iglesia como ente de radiodifusión cobra gran importancia; el Gobierno Nacional le adjudicó alrededor de cien frecuencias de AM y FM.

Subsector privado:
Las adjudicaciones de los canales 11 y 13 de Capital Federal promovieron la conformación de un nuevo grupo multimedia (el grupo Telefé que en el ‘92 compraría Radio Continental + Editorial Atlántida a través de Telefé) y Clarín, el más importante del país en Canal 13 . Otro grupo lo constituye La Nación con Radio del Plata.