La comunicación masiva durante la dictadura militar y la transición democrática en la

El ingreso de la Argentina en un nuevo ciclo civil trajo aparejado la apertura del debate sobre las funciones que deberían cumplir los medios de difusión en una etapa de transición democrática.
El debate discurre por los enrutamientos característicos de la política de influencias, presiones, negociaciones ocultas y amenazas apenas veladas propias del período anterior: “Proceso de Reconstrucción Nacional” que padecieron los argentinos entre 1973 y 1983.
Sin embargo, esa sorda controversia tiene una importancia política considerable. Los dirigentes partidarios han descubierto en los últimos tres años el papel que pueden llegar a desempeñar los medios, especialmente la televisión, para contrarrestar las fricciones que la transición democrática necesariamente provoca o para triunfar en las contiendas electorales que son propias de un régimen parlamentario.
Los sectores mercantiles temen verse afectados en sus intereses por una nueva ley de radio y televisión que el Parlamento podría promulgar durante 1986 o el próximo.
A los representantes de la tradición autoritaria y golpista el debate también les provoca aprensión. Temen que el avance del “destape” que promueve una secularización de la moralidad vigente y el descrédito de las ideologías políticas integristas.
El examen de esta controversia puede revestir una importancia que va más allá del marco local dado que son varios los países latinoamericanos que se enfrentan hoy con el desafío de iniciar o continuar con las tareas propias de los primeros tramos de la transición democrática.
Tales cambios políticos implican una revisión del funcionamiento de los medios masivos en relación a lo que tradicionalmente se entiende como “libertades de expresión”
Este tema presenta una dificultad teórica que lo hace particularmente interesante para los investigadores de la Comunicación Social: exige repensar la industria cultural con un nivel de estructuración más elevado que el alcanzado hasta ahora por la crítica ideológica fundada en el paradigma de la manipulación que estuviera en boga en la década pasada.
Dicha tarea es una precondición para formular políticas culturales compatibles con la crisis económica que aqueja la región y para la construcción de un régimen democrático estable que tiene vedado recurrir al uso de medios políticos que pudieron quebrar el movimiento popular o provocar la intervención de las fuerzas armadas tal como sucediera en el período inmediatamente anterior en la Argentina, Chile y Uruguay.
Existen diferencias substanciales entre el debate sobre los medios ocurrido durante los primeros años del 70 y la actual controversia.
De acuerdo al clima político característico en la anterior transición, los objetivos planteados por los actores políticos para la comunicación social fueron la ruptura de la dependencia con respecto a los países centrales, la restauración de una cultura “nacional y popular” y el empleo de aquélla como un instrumento para concientizar y organizar las masas para librar una guerra permanente contra el imperialismo y sus aliados locales.
Una constante de dichas propuestas era su carácter decididamente estatista y su confianza en que el sector público disponía no sólo de los recursos sino también de la idoneidad necesarias para llevar a cabo una política cultural coherente y unitaria prescindiendo de la colaboración de los empresarios privados.
La visión que las vanguardias de los años 70 tenían de la comunicación social correspondió a los principios que serían posteriormente bautizados bajo el rótulo de “Nuevo Orden Internacional de la Información y la Comunicación” (NOMIC).
Estaban íntimamente vinculados a los procesos político - culturales que ocurrían en Chile con el gobierno de la Unidad Popular o en el Perú durante la revolución militar de orientación nacionalista encabezada por Velazco Alvarado.
En cambio, el nuevo debate en torno a los medios de difusión ocurre dentro de un contexto substancialmente diferente. Los temas de la lucha contra el imperialismo y la dependencia han perdido importancia con la aspiración de crear una cultura nacional y popular o el “movimientismo” político. Estas metas han sido sustituidas por la preocupación de garantizar el pluralismo, proteger a los emisores y receptores de la interferencia arbitraria de las corporaciones, especialmente de las fuerzas armadas y la burocracia estatal. La actual etapa es muy poco favorable al desarrollo de un proyecto de política cultural centralizado en manos del Estado; pocos protagonistas políticos parecen convencidos de que el gobierno civil dispone de los recursos y la capacidad técnica para coordinar sus propias actividades culturales.
Todavía menos presuponen que el Estado es capaz de formular una política cultural orgánica y duradera que vaya más allá de la preservación de las instituciones democrático - parlamentarias.
La eliminación de la censura provocó y seguirá provocando conflictos entre el gobierno civil y ciertos sectores enquistados en las fuerzas de seguridad, la Iglesia Católica y otros entornos políticos y culturales temerosos de la apertura.

La industria cultural argentina entre 1973 y 1983.

Política comunicacional del tercer gobierno peronista:

Los sucesivos gobiernos civiles que conociera ese país entre 1973 y 1976 no lograron establecer un régimen relativamente estable, tanto en el aspecto político, económico y cultural. Aún antes de producirse el traspaso de poder formal de los militares a los civiles, el movimiento popular quedó atrapado entre los fuegos cruzados de dos facciones extremas: una que procuraba imponer el denominado “socialismo nacional” con métodos violentos y otra que buscó eliminar a la anterior. A pesar de los múltiples esfuerzos ensayados por diversos sectores del espectro político argentino ellos no pudieron evitar que el país sufriera un proceso de anarquización luego de la muerte de Perón en 1974, que fue aprovechado por la fuerzas armadas para justificar un nuevo golpe de Estado.
Durante ese período (sólo tres años) las diferentes corrientes internas del peronismo, no obstante sus diferencias ideológicas y violentos conflictos, participaron de la convicción de que los medios de comunicación masiva debían ser primordialmente controlados por el Estado.
En consecuencia, impulsaron la introducción de importantes modificaciones al régimen legal, relaciones de propiedad, funcionamiento económico y control político de aquéllos.
Hacia 1973 el gobierno civil canceló las licencias de los tres principales canales privados de la ciudad de Buenos Aires y de otros dos del interior del país debido a que ellas ya se habían vencido. Un año más tarde el Sindicato Argentino de Televisión ocupó las productoras vinculadas a esos canales metropolitanos , los cuales fueron declarados de interés público y expropiados por el Poder Ejecutivo Nacional. Paralelamente la Secretaría de Comercio emitió una reglamentación calificando a las erogaciones en publicidad como parte de las ganancias empresarias y sujetas a tributación.
Esa medida afectó considerablemente a la actividad de los medios masivos y las agencias de publicidad.

Represión y censura durante el “Proceso”.

Las primeras medidas adoptadas por el gobierno de facto nacido del golpe militar de 1976 en el ámbito de la comunicación social estuvieron destinados a desmantelar el ordenamiento que limitaba a las agencias internacionales de noticias y a la actividad publicitaria. Estas últimas tuvieron efectos inmediatos.
Las autoridades militares reiteraban públicamente sus convicciones favorables a la libertad de prensa y al régimen privado de posesión de los medios pero imponiendo a aquéllos la obligación de cumplir con los postulados de la doctrina de seguridad nacional.
Una de las primeras directivas producidas por la junta estableció penas de reclusión por tiempo indeterminado para el director de cualquier medio que divulgara comunicados pertenecientes a asociaciones subversivas o ilícitas y de prisión por diez años a quien difundiera noticias que pudieran “perjudicar” a las fuerzas armadas.
Los gobernadores militares del Proceso aplicaron un verdadero régimen de terror en el área de las comunicaciones sociales: asesinatos de periodistas, cierre de diarios, censura previa, etc. (La Opinión - Timmerman)
Estas medidas represivas fueron aceptadas sin resistencia por la mayoría de los medios privados de importancia comercial, los cuales limitaron sus críticas a la gestión de las autoridades de facto exclusivamente a su política económica o a cuestiones administrativas menores.
En cuanto a la televisión, la dictadura militar mantuvo en manos del Estado a los canales de la Ciudad de Buenos Aires que habían sido expropiados durante el período anterior a despecho de las presiones , los juicios comerciales y sus propias declaraciones en contra de la intervención estatal en cualquier sector de la economía. Sólo se decidió devolver uno de ellos a sus antiguos dueños - el canal 9 de Buenos Aires - en razón de que ellos se negaron a aceptar las indemnizaciones previstas y la justicia se vio obligada a fallar en contra del régimen. Durante todas esta etapa estas emisoras de televisión fueron manejadas por interventores militares de una manera que bordeó la corrupción administrativa. Estos nuevos “zares de la televisión” no introdujeron modificaciones substanciales a la programación. Se limitaron a ejercer una férrea censura sobre noticias y otros programas periodísticos siguiendo así la doctrina oficial en la materia según la cual un canal de comunicación social es tanto más peligroso cuanto mayor puede ser su audiencia. Los más importantes cambios ocurridos fueron la difusión de la práctica de reventa de los “espacios” publicitarios y la incorporación de la televisión color. (Mundial ‘78)
A pesar de la docilidad demostrada por los empresarios privados de los medios, el régimen militar no podía permitir que el control de los canales de televisión heredados de la administración anterior escapara de sus manos. Para las autoridades militares los empresarios privados podían sentirse tentados a adoptar posturas críticas frente a la política económica del régimen.
El manejo de los canales de televisión y radioemisoras estatales representaban prebendas importantes para el amplio estamento de oficiales de las fuerzas armadas que en su condición de “héroes de la guerra sucia” estaban convencidos de que podían apropiarse de los dineros del Estado con total impunidad.
Las autoridades de facto apelaron reiteradamente a la televisión para montar campañas publicitarias destinadas a defender su política económica, justificar los operativos militares, etc.
La evolución de la industria de la televisión durante los años de la dictadura militar no difiere mucho de la experiencia en Chile bajo el régimen de Pinochet.

Crisis en la Industria Cultural durante el “Proceso”.

Aunque la censura afectó considerablemente a la producción cultural masiva y no masiva de la Argentina durante el período 1976 - 1980, todavía mayor fue el impacto negativo que tuvo en ella la política económica de corte neoliberal emprendida por el régimen militar.
La conducción económica se propuso desarmar todo el sistema de subsidios y protecciones que según su punto de vista monetarista habían condenado al país al estancamiento y atraso tecnológico.
Con la ayuda de un aparato militar y policial que no titubeó en aplicar a los activistas gremiales los mismos procedimientos que se empleaban contra los supuestos guerrilleros, el “Proceso” se abocó a disciplinar al sector laboral y más tarde a los restantes agentes económicos incluyendo los empresarios industriales y los consumidores.
El régimen militar restringió las posibilidades de acceso a los sectores populares a la educación secundaria y terciaria en tanto que la crisis económica incrementaba la deserción escolar en el ciclo primario. Esta política acentuó la desigualdad cultural iniciando un proceso de regresión educacional cuyas consecuencias recién empiezan a manifestarse en la actualidad.
Tanto en el aspecto educacional como en relación al perfil industrial del país, los propósitos “purificadores” o liquidacionistas del gobierno autoritario se vieron frustrados en parte por las maniobras defensivas de la población.
Las consecuencias de dichas políticas culturales y económicas del “Proceso” fueron funestas para la industria cultural.
Baja considerable de la producción y circulación de diarios y revistas y afectó también la producción de filmes. (Tato: el censor)

La modernización conspicua.

Entre 1976 y 1980 se introdujeron en la industria cultural argentina algunas innovaciones técnicas o industriales aunque la mayoría de ellas tuvieron consecuencias tan lamentables como el resto de la política cultural de las autoridades militares.
1) En primer lugar hacia mediados de la década del 70 se puso en marcha una industria capaz de producir papel de diario y librar al país de las fuertes erogaciones en divisas que demandaba la importación de ese insumo. El desarrollo de ese sector ha contribuido a robustecer la situación de los diarios asociados a él - “Clarín” y “La Nación”.
2) Las autoridades del “Proceso” decidieron introducir la TV color, eliminando así un importante rasgo de retraso de la industria de las comunicaciones de la Argentina con respecto a los demás países latinoamericanos.
Hacia 1980 se inician las transmisiones regulares de la TV color. Hacia junio - agosto de 1980 en el área metropolitana de Buenos Aires existían 191.000 hogares con TV color. En agosto de 1985 el número de unidades familiares con TV color llegaban a 1.828.000, el 60,3% del total.
Un proceso similar se verificó en el entorno de las compañías telefónicas. Aunque la Argentina es uno de los países latinoamericanos mejor dotados en cuanto a telefonía, las tendencias de largo plazo en este aspecto no son favorables en comparación con otros países de la región como México o Brasil.
Las autoridades de ENTel durante el “Proceso” impulsaron una activísima política de renovación del equipamiento en materia de telecomunicaciones.
Una de estas innovaciones es la difusión de los canales de TV cerrados o cable - televisión. En 1980, once; en 1984, noventa.
Otra modificación potencialmente importante es la difusión de los video grabadores y su correlato.

Normas y funcionamiento de los medios.

Fracaso de las leyes de radiodifusión:

Con excesiva frecuencia la legislación sobre medios ha sido burlada en los hechos o produjo resultados diferentes a los perseguidos por los legisladores.
La causa de estos fracasos reside generalmente en una falta de comprensión por parte de los legisladores de la dinámica de la Industria Cultural, de la estructura propia del sistema de medios y en especial de sus aspectos económicos.
El resultado fue que hacia 1965, cinco años después que se iniciara la televisión privada en el país sobre un total de 22 canales no estatales 20 de ellos estaban afiliados a las grandes productoras encabezadas por Canal 13, Canal 11 y Canal 9 de Buenos Aires y por su intermedio asociadas a las cadenas norteamericanas CBS, NBC y ABC.
Otra de las causas que dificultan la tarea del legislador y el control del cumplimiento de las leyes al respecto reside en la multiplicidad de las demandas que los diversos sectores formulan acerca del contenido que deberían tener los medios.
Existe en la Argentina una manifiesta disconformidad con respecto a la comunicación de masas, en especial con la televisión y la publicidad, que suele expresarse a propósito de su bajo nivel cultural; de dirigentes políticos que expresan su preocupación por la posibilidad de que manipulen totalitariamente a la masa.
La mayoría de las leyes de radiodifusión de la Argentina han sido hasta el presente la resultante una suma de intenciones de los más variados orígenes, que corresponden a los más variados niveles. Por ejemplo: la Ley de Radiodifusión de 1972, una de las más completas, incluía en relación a los contenidos normas referidas a: la necesidad de producir programas que favorecieran la unidad nacional, elevaran el nivel cultural del público, fueran formativos e informativos, respetaran la moral pública y la dignidad humana, etc.
La variedad de temas cubiertos por la legislación ha servido para distraer la atención de los ciudadanos de los problemas de fondo de la industria cultural, convirtiendo los debates al respecto en discusiones sobre problemas estéticos o acerca de los efectos de los medios que son extraordinariamente complejos y que por el momento carecen de una solución empírica confiable.
En cambio aspectos cruciales de esta actividad que sí caen dentro del campo de competencia de las autoridades son omitidos por la legislación.
Ejemplo:
Desde que naciera la TV privada en este país los canales operan otorgando a las agencias y anunciantes descuentos por volumen a los efectos de estimular la venta de “avisos” es decir: a mayor cantidad de “espacios” comprados menor precio unitario por ellos.
Debido a este régimen de descuentos los fabricantes oligopólicos de artículos de uso masivo pueden negociar campañas publicitarias con menores costos por contacto que los obtenidos por los empresario marginales.
A partir de 1976 ese sistema derivó en la aparición de revendedores de “espacios” o “bolseros” que produjeron una manifiesta desorganización del sector publicitario, un relajamiento evidente de los controles a los que estaban sometidos los funcionarios al frente de los canales del Estado y también el incremento del déficit de esas emisoras.
No obstante este aspecto de la política comercial de los canales privados y públicos ha pasado desapercibida. Rara vez se lo menciona en los debates sobre leyes de radiodifusión a pesar de que condiciona el tipo de programación que las emisoras estatales y privadas difunden.
Pocas veces suele repararse en el hecho de que en tanto canales privados y estatales se financian por medio de la compra de agencias y anunciantes, un régimen estable de radiodifusión requiere de un mercado publicitario bien organizado y relativamente transparente.
Otro ejemplo que se considera significativo: la ley de radiodifusión promulgada por el gobierno de la “Revolución Libertadora” (1955 - 1957), que dio paso al desarrollo de la televisión privada en este país, incluía un artículo prohibiendo la transmisión en cadena, para evitar la concentración de los medios en un número limitado de manos y el consabido monopolio informativo.
Se trataba de una restricción técnica sin mayor importancia en ese momento puesto que el país carecía de una red de vínculos que posibilitara el transporte de señales de video a un precio relativamente bajo.
Pero, como los canales del interior carecían de capacidad económica para generar sus propios programas y se abastecían de ellos en las productoras de Buenos Aires, en la práctica existió una suerte de sistema de transmisión en cadena diferido, con un retraso de una semana (el tiempo necesario para grabar en video tape - récord las emisiones metropolitanas y enviarlas por correo).
Esta restricción fue dejada de lado cuando la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) inauguró el primer cable coaxil con capacidad para transportar señales de TV haciendo factible a los canales de la ciudad de Buenos Aires transmitir los noticieros en simultáneo con el interior.

El marco legal y los medios como sistema.

Las características y la evolución de cualquier sistema de comunicación de masa, dependen de factores ligados a su estructura social de difícil modificación a corto o mediano plazo:
¨ características demográficas de su población
¨ educacionales
¨ macroeconómicas
El conjunto de los medios conforma un todo interrelacionado de tal manera que un cambio en uno de ellos afecta a todos los demás.
A estos fenómenos se debe agregar una característica propia de la industria cultural: el carácter precario de sus liderazgos, la imposibilidad de prever los gustos y preferencias del público, que suele hacer difícil la planificación a largo plazo de inversiones en este campo.
La complejidad propia de este sector condena por adelantado cualquier intento de regulación “parcelaria” que atienda a sus síntomas sin formular un proyecto global acerca de su funcionamiento.
Durante mucho tiempo los críticos de izquierda y de inspiración nacionalista de la televisión local presumieron que los propietarios de este medio, en tanto era manejado por empresarios privados ligados a capitales norteamericanos estaban interesados en difundir programación “enlatada” y bloquear el surgimiento de una industria local de la televisión.
No faltan todavía hoy quienes propongan la adopción de medidas similares a las aplicadas años atrás por el primer gobierno peronista en relación al cine y la radio, es decir, porcentajes mínimos de producción y difusión nacional mínima.

Este enfoque ignora que:
a) El grueso del público local suele apreciar más los programas “en vivo” de producción nacional que los enlatados o películas extranjeras.
b) Los enlatados y películas extranjeras son significativamente más baratos que los de producción local.
En cambio, hacia comienzos de la década del 70 cuando en Buenos Aires competían fieramente entre sí los canales 13, 11 y 9 por el rating y las inversiones publicitarias representaban más del % del PBI del país, canal 13, a despecho de continuar siendo una empresa asociada a través de Proartel a la Columbia Broadcasting System, llegó a emitir programación local “en vivo” alrededor de un 70% del tiempo, más que en la actualidad
En Síntesis:
La oposición entre producción local vs. importada no puede resolverse meramente a nivel ideológico. Inclusive las leyes peronistas sobre mínimos nacionales en la industria del cine, nunca pudieron cumplirse del todo por falta de producción local, dificultades para la importación de equipos y por la estrechez del mercado interno provocado por el reducido tamaño de la población argentina.
Otro ejemplo: Periódicamente se escuchan voces que expresan su preocupación por el elevado nivel de exposición de la población argentina a la televisión (jóvenes y niños especialmente).
Se supone que este elevado consumo de televisión puede provocar la “internacionalización” de pautas de conducta violentas o desviadas, provocar un deterioro de los intereses culturales del público apartándolo de la lectura de revistas y libros.
También aparecen voceros que pronostican un creciente abandono de la televisión por parte del público, ya sea por aburrimiento o por rechazo de la chabacanería de algunos de sus programas o por resistencia a un medio que durante el “Proceso” ocultó la realidad económica y social del país.
Estas formulaciones ignoran las características estructurales de los hábitos de exposición del público a los diversos medios reduciendo su dinámica a una mera cuestión psicológica o de gustos.
Este razonamiento ignora que la audiencia de televisión no depende de su contenido meramente sino del costo de ese medio y de la capacidad adquisitiva de la población.
Un estudio realizado sobre este tema hacia fines del 83 determinaba que el alza de la exposición a la televisión estaba relacionada con la introducción del color y la crisis económica que obligaba a muchos a “quedarse en sus casas”.
El examen de la distribución de diarios y revistas demuestra que la exposición a este medio - a diferencia de la televisión - está estrechamente ligado al nivel de ingresos y educacional de la población; de tal manera que incrementar su consumo en detrimento de la televisión requeriría de un plan a muy largo plazo destinado a elevar no sólo el nivel cultural sino sus ingresos.

La opción entre “privatismo” y “estatismo”.

Otra fuente de dificultades que deben enfrentar los legisladores en materia de radiodifusión es el dilema “privatismo” vs. “estatismo” .
El debate sobre la radio o la televisión escapa del estrecho entorno relacionado con los efectos culturales, ideológicos o morales de los medios sólo para empantanarse después en la controversia cuasi eterna sobre las virtudes abstractas de entregar al Estado o a los particulares, tal o cual parcela de la radiodifusión.
Este plano de la discusión pública es más espinoso que el anterior puesto que las entidades empresariales suelen responder a cualquier dirigente político que no apoye el privatismo acusándolo de “totalitario” y llamar en su auxilio a poderosas instituciones internacionales.
Debe tenerse en cuenta que el bloque de poder centrado en los medios privados conforma actualmente un todo relativamente orgánico, especialmente sensibilizado para defender sus intereses desde el momento que la UNESCO propusiera a los estados nacionales la formulación de políticas de comunicación e información similares a las que ellos vienen llevando a cabo en el campo económico o educacional.
¨ Cuando en la Argentina se habla de un medio en manos del Estado la mayoría del público piensa automáticamente en una radio o un canal de televisión manejado discrecionalmente por funcionarios del Poder Ejecutivo o del partido gobernante.
¨ Cuando se hace referencia a un medio radiofónico en manos privadas se da por sentado que se trata de una empresa que elude todo choque con las corporaciones - especialmente fuerzas armadas - y sólo atiende a sus intereses mercantiles, haciendo oídos sordos a las demandas de la comunidad civil.
Desde esta perspectiva se interpretan los sistemas legales existentes en otras latitudes.
Se dice que el régimen legal de los medios de radiodifusión en Europa es “estatista” en tanto que en los Estados Unidos es francamente “privatista”.
Sin embargo, si se considera un caso cualquiera - por ej. Inglaterra - se descubrirá que la red estatal de televisión de la British Broadcasting Corporation (BBC) no monopoliza la televisión desde 1954 y tampoco la radio desde 1972, coexistiendo ella con emisoras que también son públicas pues operan asociadas a productoras privadas.
El sistema inglés es en realidad un entretejido de relaciones y actividades del sector público y privado que ha registrado cambios periódicos en las últimas cinco décadas en cuanto a la distribución del poder económico y de decisión, entretejido que no puede resumirse apelando a caracterizaciones tales como “estatismo” y “privatismo”.
La BBC a diferencia de los medios en manos del Estado en la Argentina, tiene por detrás una larga historia de luchas por la defensa de su independencia ante las presiones del Ejecutivo, conflictos de los que pudo salir gracias al apoyo del Parlamento.
La RAI italiana o las empresas televisivas que hasta 1974 integraban la ORTF francesa son organismos estatales pero en tanto corresponden a países dotados de partidos políticos poderosos y bien organizados, pocos funcionarios al frente de esos complejos comunicacionales gozaron del poder que los argentinos asocian con la imagen del directivo de un canal público.
En cuanto al modelo norteamericano, debe señalarse que, aunque el sistema adoptado por la CFC es absolutamente liberal y los directivos de algunos de sus principales cadenas de radio y televisión han enfrentado en algunas ocasiones al Poder Ejecutivo, ellos saben muy bien que operan en un entorno caracterizado por audiencias bien organizadas y entidades intermedias dotadas de gran capacidad de presión.
También suele decirse en la Argentina que el canal 7 ATC de Buenos Aires es un canal estatal, lo cual es formalmente innegable debido a que por ley el “propietario” de esa entidad es el Secretario de Cultura de la Nación.
Raras veces se toma en cuenta que esa emisora en cuanto comercial está obligada a competir por el rating y las inversiones publicitarias con los demás canales, lo cual limita sus posibilidades de encarar planes educacionales o culturales de largo plazo.
Y una parte sustancial de la programación de Canal 7 es producida por empresas privadas, por lo tanto la controversia en torno del “estatismo” y el “privatismo” suele recaer en ideologismos fáciles que escamotean el hecho de que los medios dependen de las características estructurales del sistema político vigente en el país donde operan, del poder o debilidad de sus audiencias y entidades intermedias, de la organización y peso recíproco de sus partidos políticos.
Si se repasa la historia de los medios masivos durante las últimas tres décadas se verificará que, salvo el confuso interregno que se abriera con la expropiación de las tres grandes productoras de televisión durante el tercer gobierno peronista, los más preocupados por limitar el poder de los emisores privados, quienes defendieron con mayor celo a las emisoras del Poder Ejecutivo de cualquier intento de privatización no fueron los dirigentes políticos o los representantes de las entidades intermedias, sino la burocracia estatal y los dirigentes militares de los gobiernos de facto.
Sólo hacia el final de su período, en 1973, el gobierno del general Lanusse promulgó una Ley de Radiodifusión y Televisión, cuyo contenido dista mucho de ser privatista, en tanto que el “Proceso” demoró años toda discusión sobre el destino de los canales y productoras que heredara del pasado.
Durante el gobierno de Onganía (1966 - 1970) las esferas gubernamentales ejercieron fuertes presiones sobre la industria de la radio y la televisión local para frenar su expansión.
Pero tampoco cabe establecer como principio general una ecuación del tipo:
gobiernos autoritarios = desarrollo de los medios en manos del Estado + atraso del sector privado de la radiodifusión
aunque ésta pueda haber sido válida para el caso argentino debido a la debilidad del conjunto del empresariado para influir en las decisiones de la corporación militar.
De igual manera la radio y televisión mexicana, que alcanzara muy alto grado de desarrollo bajo un sistema privatista, contó con el apoyo de sus principales círculos de poder estatal y del aparato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Debe observarse que cuando se habla de “empresarios privados” esta categoría suele ser considerada como homogénea.
Sin embargo, entre el conglomerado Proartel de fines de los 60, controlando una red de diez canales privados, con vinculaciones directas con la industria de la televisión en el resto de América Latina y Estados Unidos y el pequeño empresariado que edita un periódico de provincia de menos de 3.000 ejemplares, existe una distancia mucho mayor que la observable entre la primera de esas empresas y un canal estatal de televisión.
Una dificultad adicional que enfrenta el legislador en relación a los medios es que la industria cultural tiende necesariamente a concentrarse a largo plazo, aunque la posibilidad de cerrar a largo plazo el acceso a la competencia por parte de los productoras de mayor poder económico es mucho menor que en otros sectores de la industria.
Esta tendencia a la concentración afecta al funcionamiento, tanto de las entidades burocráticas del Estado como a las organizaciones intermedias planteando dilemas a menudo difíciles de solucionar.
Algunos países latinoamericanos (caso México) han optado por evitar que el Estado interfiera el proceso espontáneo de concentrar.
El criterio básico aplicado allí ha sido desarrollar una poderosa industria local, capaz de abastecer a un amplísimo mercado interno con los servicios de la radio y la televisión al precio de que ella opera monopólicamente y asociada a intereses externos.
En cambio en la Argentina, la barrera impuesta por la burocracia estatal - especialmente durante los gobiernos de facto y durante el “Proceso” - ha debilitado el poder del sector empresarial privado aún a riesgo del atraso con respecto a otros países de la región.
Queda por resolver de qué manera se pueden contrarrestar los efectos de la tendencia a la concentración propia de la industria cultural y estimular el desarrollo de un sistema de medios tecnológica y culturalmente adecuado a las necesidades del país.
Hasta el presente, la historia de la radiotelevisión argentina demuestra que el sector estatal burocrático y el privado aparentemente han evitado interferirse mutuamente, a largo plazo se han trabado el uno al otro, condenando al país al estancamiento.
Esto en la Argentina se agudiza en la actualidad debido a la irrupción (a espaldas de los funcionarios públicos y legisladores) de las denominadas “nuevas tecnologías”.
Ellas, desde el videograbador hasta el cable - TV, tienden a producir una creciente segmentación de los públicos y una suerte de“reprivatización” de los auditorios masivos del pasado.
Aunque se impusiera en la Argentina un régimen de radio y televisión absolutamente estatal y subvencionado por el presupuesto nacional, éste no podría evitar que porciones crecientes del público, fueran independizándose para ingresar en circuitos o redes semiprivadas o semipúblicas de comunicación.
Por lo tanto, la censura moral existe en ese país exclusivamente para los ciudadanos de menores recursos.
No se pretende significar que las nuevas tecnologías condenen al pasado a cualquier proyecto de política cultural, pero no caben dudas que ellas plantean problemas y dilemas nuevos para los cuales los partidos políticos, los educadores e investigadores de la comunicación carecen hoy de respuestas adecuadas.

Actores e ideologías en el ámbito de la comunicación social.

a) La actitud de los empresarios privados.

A lo largo del año 1986, el número de proyectos de Ley de Radiodifusión se incrementó considerablemente. También se han multiplicado las actividades defensivas del sector privado, bajo la forma de campañas publicitarias destinadas a defender de manera abstracta las ventajas del pluralismo comunicacional o de congresos, seminarios y reuniones de representantes del sector.
Los integrantes de este bloque han logrado un acuerdo básico que les permite actuar con verdadera eficacia política.
Existen diferencias de enfoque y de intereses entre los grandes propietarios de medios radiofónicos o canales de televisión de importancia comercial y los pequeños propietarios de emisoras del interior del país. También se manifiestan los temores del conjunto de los empresarios locales de la radio y la televisión hacia el posible ingreso en ese sector de grupos multinacionales que podrían avanzar apoyándose en las nuevas tecnologías o de grupos locales de la industria gráfica, como el poderoso conglomerado “Clarín” de Buenos Aires, cuyo proyecto es incorporarse al negocio televisivo. (ya lo hizo)
En general, los empresario locales se sienten amenazados por la “revolución telemática” y aunque son privatistas no desean que se instaure en el país un régimen ultraliberal que pudiera desembocar en una dura competencia entre emisores; son una suerte de “privatistas moderados” a quienes asusta el ingreso de nuevos competidores, no sólo de las empresas públicas. Su unidad está fundada más en el temor que les inspira que el gobierno democrático de hoy intente repetir los experimentos de la transición del año 1973 o cualquier otro igualmente profundo, que en la formulación de un programa alternativo para modernizar la industria cultural argentina.
La causa de ello es que tanto los propietarios de canales como de las radioemisoras, saben muy bien que su sector de la industria cultural está atrasado con respecto a otros países de la región.
La situación y los proyectos del empresariado de los medios masivos en esta etapa de transición democrática no difiere de la observable en otras ramas de la industria o de los servicios.
Su política se funda en la paradoja de demandar protección por parte del Estado y reclamar la no injerencia de éste en sus actividades mercantiles.

b) La actitud del gobierno y los partidos políticos.

El gobierno y el partido gobernante (la U.C.R.) han adoptado hasta ahora una posición ambigua y contradictoria.
El programa presidencial del Dr. Alfonsín incluía propuestas sobre la comunicación social tales como:
· garantizar la libertad de expresión y prensa.
· defender la cultura y la identidad nacional.
· modernizar el sistema de comunicaciones.
La primera parte de esa plataforma se cumplió de inmediato: el gobierno eliminó muchos de los dispositivos de censura montados por el “Proceso”.
En cambio, la segunda parte, lo referido a garantizar efectivamente a la población el acceso a la información (que implica la renovación de la infraestructura comunicacional del país) viene chocando con un obstáculo difícil de salvar: las limitaciones que impone a los planes de inversión pública el pago de la deuda externa. Limitación que se manifiesta en dos aspectos:
1.- Carencia de proyectos al respecto.
2.- Presión ejercida por el ejecutivo sobre los administradores de las emisoras estatales para que se autofinancien mediante la venta de espacios publicitarios.
Tampoco se advierte entre los dirigentes políticos y funcionarios del partido gobernante una verdadera unidad de criterio en torno a qué hacer con la radio y la televisión en los próximos años.
En tanto algunos han adoptado una posición marcadamente “privatista” otros se resisten a abandonar las propuestas de la plataforma preelectoral.
A estas contradicciones se suman las especulaciones propias del partido gobernante en tanto agrupamiento político que pretende articular las aspiraciones de grupos heterogéneos.
Ese agrupamiento y el Poder Ejecutivo han empezado a advertir la importancia que reviste el “llevarse bien” con los medios privados y controlar las radioemisoras y canales del sector público.
Puede pronosticarse que el oficialismo tiene cada vez menos confianza en su propia fuerza para contrarrestar la ofensiva de los empresario privados.
Además parece haber calculado que una nueva Ley de Radiodifusión y el debate en torno a ella que supone su promulgación, terminarán menguando su cuota de poder.
Es probable que el oficialismo se resigne a aceptar el privatismo imperante y utilice los recursos que le permite allegar su condición de partido gobernante para crear una red de medios privados manejados por empresarios adictos favorecidos por el Estado.
Una estrategia partidaria de esa índole tiene sus precedentes: ya fue llevada a cabo por el gobierno civil de Perón durante la década del 50, a despecho de su orientación fuertemente estatista en otros campos.
Los mayores partidos de la oposición han esbozado estrategias destinadas a que se abra el debate parlamentario en torno a la ley de radio y televisión; incluso acusan al Poder Ejecutivo de demorar su tratamiento.
El rol confuso y reticente de los partidos políticos se explica por la historia institucional de la Argentina durante las últimas décadas. Entre 1955 y 1983 ese país tuvo sólo 10 años de gobierno civil; durante todo el tiempo restante padeció gobiernos militares de facto que limitaron o prohibieron a los partidos políticos.
A consecuencia de ello, los sectores que integran el país se fueron paulatinamente “desenganchando” de los partidos políticos debido a que ellos no podían representar, amalgamar y defender sus intereses.
En el caso específico de la presente transición democrática los partidos políticos accedieron al poder formal debido a las contradicciones internas del régimen militar precedente.
Al producirse la quiebra del “Proceso”, los partidos estaban muy lejos de encabezar un movimiento de masa organizado.
Todos los agrupamientos partidarios se encuentran hoy ante los problemas y urgencias que implica atender las tareas propias de un régimen democrático sin recursos, sin aparatos burocráticos y carentes de una red de medios de difusión que les permita comunicarse con la población o sus afiliados.
En esta situación de desequilibrio entre el poder nominal y el real resulta comprensible que el tema de la radio y la televisión sea para los dirigentes partidarios tan importante como intratable.
Existe una cuestión urgente que subyace: decidir cuál puede ser el futuro de los partidos políticos, dentro de un contexto democrático “moderno” .
Las viejas fórmulas de la década del 70 sobre los “partidos de masa” no parecen tener hoy vigencia y en su lugar están surgiendo nuevas alternativas tales como la “política espectáculo” que involucra directamente a la comunicación masiva.
Cabe agregar que la mayoría de los dirigentes partidarios argentinos tiene una concepción instrumental y anticuada del papel de los medios de comunicación de masas en una sociedad moderna y todavía culta.
Les resulta difícil pensar ésto más allá del juego estratégico de ganar o conservar votos, defenderse de las críticas o poner a sus antagonistas en situación comprometida.
Además, el grueso de los dirigentes políticos argentinos se ha formado operando a través de grupos pequeños y cerrados mereciendo de los medios notas marginales.
Recién con el retorno de la democracia ellos descubren (con vértigo) el poder de la televisión, de las encuestas preelectorales y de la publicidad científica.

c) La actitud del público.

Los diversos públicos de los medios masivos continúan siendo los grandes ausentes del debate argentino sobre los medios.
Sin embargo, existen indicios sobre las preferencias y expectativas de la población en la actual coyuntura de la Argentina.
Ella secundó con entusiasmo el repentino “renacimiento cultural” que produjo la quiebra del “Proceso” después de la derrota de Malvinas a través de la multiplicación de los programas de opinión, teleteatros unitarios sobre temas socialmente críticos y en un incremento en la producción de películas.
Durante la agonía del régimen militar, permitieron a los dirigentes político - partidarios empezar a comunicarse con el electorado y denunciar las contradicciones de la dictadura. (los comentarios radiales)
Las encuestas de opinión pública indican que el grueso de los ciudadanos esperaban del nuevo gobierno civil importantes beneficios culturales.
Pero los sondeos de opinión indican que pocos argentinos esperan de la democracia la realización de experimentos político - culturales de la década del 70 y mucho menos que se genere una “repolitización” aguda de la comunicación social.
Por el contrario se ha difundido entre la población una actitud de desconfianza hacia los proyectos políticos que amenacen provocar el estallido de antagonismos sociales.
El clima social es poco o nada favorables a las posiciones estatistas: evocarían las soluciones restrictivas del pasado.
Lo que hagan las fuerzas sociales que operan en el campo de la comunicación social de los medios , tiene una importancia político - social relevante para la estabilidad del régimen democrático.
La transición requiere no sólo de un periodismo pluralista y veloz, sino capaz de mantenerse ecuánime en medio de los muchos conflictos que una transición en la pobreza suele generar.
Esta tarea no puede ser llevada a cabo sólo por los medios en manos del sector público y tampoco por aquellos medios privados que se mueven en la crisis con proyectos de muy corto plazo o están ligados a los intereses corporativos que hicieron posible el “Proceso”.
Sectores cuantitativamente importantes de la población esperan mucho de los “bienes simbólicos” que los medios pueden redistribuir. Coinciden en la tesis de E. Fox cuando señala que

“Ante el fracaso de esquemas de desarrollo político y económico para alcanzar la democracia, la cultura y la comunicación han llegado a ser vistas como la última avanzada de la diversidad y la libertad.”

Para que esa promesa de la libertad, de la comunicación y la cultura llegue a ser realidad cotidiana, ellas no tienen otra alternativa que librar su batalla política y económica por la autonomía.